El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución fundamental para la organización y desarrollo de la vida pública en nuestro país. Su papel en la economía doméstica es relevante en la medida en que logra involucrar con sus aportaciones a la ciudadanía y permite estructurar los recursos que generan las actividades productivas. Por estas razones, es crucial la forma en que interactúa con la población económicamente activa.
Sin embargo, según revela hoy EL UNIVERSAL, el SAT cambió sin previo aviso y sin la debida justificación el proceso para descargar rápida y masivamente las facturas electrónicas, los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI). Esta disposición derivó de inmediato en dificultades en los procesos contables de los contribuyentes, principalmente entre los de mayor tamaño.
De acuerdo con especialistas, esta decisión implica un retroceso de 10 años en la forma en que los contribuyentes interactúan con el SAT para cumplir con sus obligaciones fiscales. En un contexto en el que la tecnología es una herramienta para agilizar las gestiones gubernamentales, esta nueva disposición significa un entorpecimiento considerable de los procesos contables que impacta por igual a las grandes empresas y a los pequeños contribuyentes.
Asimismo, la norma del SAT ha derivado en problemas de implementación porque la información que requieren los contribuyentes fluye a un ritmo menor al que estaban habituados. Esto acarrea consecuencias en el flujo de capitales y, por ende, en la economía entera. La adopción de nuevos procesos rompe con las rutinas contables de millones de ciudadanos e impacta en los procesos económicos.
Si bien es cierto que la base de contribuyentes ha aumentado en nuestro país en los últimos años, México es de las naciones con menor recaudación en América Latina, de acuerdo a organismos internacionales. Es decir, a pesar de que actualmente más personas aportan a las arcas públicas, los índices de recaudación continúan siendo bajos. Decisiones como las del SAT, aun sin buscarlo, abonan a esta realidad en la medida que los contribuyentes ven entorpecidos los procesos para cumplir a cabalidad las responsabilidades fiscales.
El papel de las instituciones responsables de la recaudación del dinero público es, evidentemente, conjuntar el patrimonio que empleará el gobierno central en los proyectos y disposiciones definidos. Sin embargo, en los tiempos que corren deben ir más allá: parte de su papel también es facilitar a los ciudadanos los procesos en los que interactúan para conformar la hacienda pública. En estos tiempos, México requiere de instituciones eficientes y procesos accesibles para aquellos que dinamizan la economía.
