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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a revertir y terminar con el problema de la corrupción en México; la tarea, sin embargo, puede ser más complicada de lo que se ha pensado. Los resultados que presentó Transparencia Internacional en el Índice de Percepción de Corrupción confirman lo que en el país era una extendida sospecha: el problema se acentuó en los últimos años.
En 2018 México se ubicó en el sitio 138 de 180 países evaluados, al nivel de naciones que enfrentan problemas de gobernabilidad democrática. En América Latina, el país está en los tres últimos lugares, solo por arriba de Guatemala y Nicaragua. Chile, el mejor evaluado en la región, está a 111 lugares de distancia. Al inicio del anterior sexenio, en 2012, México se ubicaba en el puesto 106; en seis años cayó 32 posiciones.
Previsto como uno de los puntos en el Pacto por México –acuerdo entre partidos y el gobierno anterior para impulsar reformas estructurales–, el combate a la corrupción nunca llegó a concretarse de manera plena, a pesar de que en el documento se establecía que es “uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz que logre mejores resultados”.
El proyecto original impulsaba una Comisión Nacional Anticorrupción con una limitada esfera de actuación. La sociedad civil impulsó entonces una propuesta más amplia –el Sistema Nacional Anticorrupción–, aunque hasta la fecha sigue sin operar como estaba previsto.
Toda pretensión de contar con un gobierno transparente y un manejo correcto de los recursos públicos quedó por los suelos con los casos que se conocieron el sexenio pasado: Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, la cancelación del Tren México-Querétaro, Odebrecht, el socavón en el paso exprés de Cuernavaca, la Estafa Maestra… Varios de los casos no han sido resueltos hasta ahora.
López Obrador dijo ayer que la corrupción se da en el gobierno, “en la élite del poder, no en el pueblo”. Los casos más conocidos lo ratifican, pero es necesario admitir que hay acciones ciudadanas que representan etapas tempranas de la corrupción como otorgar sobornos a agentes de tránsito cuando se ha cometido una infracción o cuando empresas realizan pagos para acelerar trámites.
Son muchas áreas en las que tendrá que trabajarse al mismo tiempo para tratar de erradicar o disminuir la corrupción. Controles en la administración pública y consolidación de la transparencia gubernamental son puntos que deben ratificarse, pero no serán tan importantes como lograr que quien haga mal uso de los recursos públicos, efectivamente reciba un castigo. Cero impunidad, ese puede ser el factor clave que cambie el panorama en el país.
