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Es de celebrarse la resolución dada por los tribunales mexicanos para finalmente presentar ante la justicia a los responsables de haber dañado física y moralmente a la periodista Lydia Cacho hace ya más de una década. Catorce años han pasado desde que la comunicadora fue detenida a causa de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que denunció la existencia de una red de pederastia en la que estaban involucrados empresarios y funcionarios del estado de Puebla. A raíz de eso, la periodista y también activista social, fue agredida, por lo que posteriormente expuso que además de ser privada de su libertad, fue golpeada y abusada sexualmente por los agentes policiacos encargados de su aprehensión. El hecho volvió a causar consternación y levantó voces en diversos sectores de la sociedad que exigieron castigo para los agresores y resarcimiento del daño para Lydia.
Todavía casi al final de 2018, volvió a levantar revuelo y desconcierto la negativa de un juez de Quintana Roo para girar orden de aprehensión en contra de los cuatro señalados por Lydia Cacho como responsables intelectuales y materiales de los agravios contra su persona.
Con el cambio de administración a nivel federal, parece que la situación para Lydia Cacho comienza a modificarse pues tan solo en enero pasado, recibió a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un ofrecimiento de disculpas por parte del Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos cometida por integrantes del aparato estatal, tras lo cual se le garantizó que el nuevo gobierno de la nación no estaría supeditado a intereses particulares como sucedió con administraciones anteriores.
El de Lydia Cacho se volvió un caso emblemático en muchos sentidos, tanto por el surgimiento de la figura de una mujer que con valentía se atrevía a enfrentar a dos poderes coludidos —el económico y el estatal— dando a conocer a la opinión pública reprobables hechos que se operaban desde altas esferas de poder, bajo el amparo y contubernio con autoridades gubernamentales; como en el ejercicio de su libertad de expresión como periodista y que fue intentado acallar de diversas maneras: desde la intimidación hasta la agresión física directa.
Es necesario que no se cierre este caso y que se diriman ya las responsabilidades de todos los involucrados, pues no es concebible que la justicia mexicana tarde tantos años en resolver un asunto que estuvo en el interés de todo un país. Si eso pasó para un caso conocido por todos los medios, qué le espera a las personas cuyos agravios nunca saltan al conocimiento público. Es tiempo de hacer justicia ya y para todos.
