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Estar frente a la justicia en un país extraño, del que se desconoce el idioma, acusados de algún delito, seguramente genera la sensación de indefensión, así como la probabilidad de que se cometan abusos.
Esa percepción la sienten miles de personas en México a pesar de que se encuentran en su país. Se trata de todos aquellos que como lengua natural no tienen al español sino a alguna de las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país.
El desconocimiento del español, la falta de asistencia de traductores, la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados y con conocimiento de la cultura (usos y costumbres) son situaciones “comunes” para la mayoría de indígenas que se ven en la condición de enfrentar la justicia.
Cuando se presentan esos factores, además de detenciones arbitrarias, el final es previsible: la persona integrante de una comunidad étnica pasará años purgando una condena por un delito que no cometió. Si corre con suerte, alguna organización civil conocerá el caso e intercederá para reabrir el proceso y demostrar las violaciones a derechos humanos registradas desde el inicio del juicio y, después de otro largo periodo, podrá recuperar su libertad.
En México hay 6 mil 698 presos indígenas, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a pesar de que de 2013 a julio de este año 5 mil 213 reclusos pertenecientes a alguna etnia fueron liberados por fallas en el proceso judicial; la principal, la falta de intérpretes para que los implicados entiendan por qué son acusados.
El problema no es nuevo. Incluso ya está en los libros de texto de secundaria el caso ocurrido en 2006, cuando las indígenas Teresa, Jacinta y Alberta fueron acusadas por venta de drogas y de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación. En ese año, contrario a la lentitud de la justicia, el proceso contra ellas se dio de manera rápida y en poco tiempo se encontraban formalmente presas sentenciadas a más de 20 años de prisión. Once años después, en 2017, el Estado mexicano les ofreció una disculpa pública.
La justicia mexicana tiene una deuda con las poblaciones indígenas. La promoción de los derechos humanos y su defensa es amplia y ha permeado en grandes ciudades, pero falta difusión en las comunidades originarias, en su lengua natal.
Expertos aseguran que el racismo y abuso sistemático contra estas poblaciones se encuentra arraigado en la sociedad. Un problema difícil de erradicar, sin duda, pero corresponde inicialmente a las instituciones del Estado actuar dentro de un marco estricto de respeto a los derechos humanos. Si desde ahí no empieza el trato igualitario, poco cambiará para las comunidades étnicas.
