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Ahora que Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, presentó ante el Senado de la República una iniciativa para legalizar y regular en México el uso lúdico de la marihuana —propuesta que en general fue bien recibida por la ciudadanía y la clase política—, resulta por demás positivo el planteamiento de que en el nuevo esquema que se plantea para nuestro país, la compra y venta legal de cannabis para cualquier fin, ya sea recreativo, médico o comercial, será gravada con un impuesto especial, muy probablemente similar al que se aplica a productos como el alcohol y el tabaco: el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). Además, la nueva droga legal tendría que pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Lo anterior es positivo porque, como sucede con cualquier otro producto legal que resulta perjudicial para la salud, con los recursos obtenidos con el gravamen a esta droga podrán atenderse de manera integral, como también preciso Sánchez Cordero, los temas de salud, investigación y prevención de adicciones, evidentemente indispensables en este caso.
De ese modo al efecto pacificador que miembros del equipo de AMLO han mencionado que tendría la liberalización de la marihuana para uso recreativo, al desplazar al mercado informal, a los cárteles del narcotráfico —lo que especialistas han cuestionado—, se sumaría la generación de importantes recursos para el erario público, como ocurre en otras partes del mundo donde la cannabis lúdica ya es legal.
Dinero que bien utilizado podría generar, a través de políticas públicas contra las adicciones y campañas informativas con énfasis en el interés superior de la infancia y adolescencia, dinámicas sociales positivas, y no al contrario, en este hipotético nuevo entorno de permisividad con la marihuana. Estos recursos también podrían, por qué no, suponer una importante derrama económica por el lado comercial.
Sin embargo, lo más importante en este asunto de gravar la cannabis será que los criterios con que se definan estos impuestos estén orientados al bien común, a la preservación de la salud pública, y no solo a la obtención de ganancias, que también vale. A este respecto, de manera acertada esta propuesta integral establece que se creará el instituto mexicano de regulación y control del cannabis, que conformaría un padrón anónimo y contaría con un consejo consultivo con participación de la Secretaría de Hacienda.
En suma, bienvenida sea esta propuesta del nuevo grupo ya en el poder. De concretarse —algo que parece lo más probable dado el aplastante dominio de Morena en ambas Cámaras del Congreso— el principal reto será transitar de un esquema mental y social prohibicionista, a uno respetuoso de la libre determinación.
