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El secuestro produce un sentimiento generalizado de repudio debido a que profundiza la percepción de vulnerabilidad y de que nadie está exento de ser blanco del crimen. Para quienes perpetran un plagio la población exige siempre las penas más altas, incluso la pena de muerte.
Ante este delito parece que las autoridades topan con pared. Durante años –por no decir décadas– el país ha sido escenario de numerosos plagios sin que la mayoría haya sido resuelto. Políticos, empresarios, hombres, mujeres, estudiantes, viejos, jóvenes, famosos y no famosos… han sido víctimas de privación ilegal de la libertad. Muchos volvieron a recuperar la libertad, pero otros no.
De acuerdo con registros de distintas organizaciones civiles, en la Ciudad de México los secuestros han aumentado en los últimos meses. Uno de los más recientes fue el de un estudiante universitario. Su cuerpo apareció sin vida el domingo, luego de que la última vez que se le vio fue la noche del martes 4 de junio al salir de la universidad en la que estudiaba. El reclamo y movilización de sus compañeros de estudios resultó insuficiente para que fuera encontrado sano y salvo.
La autoridad no descarta una mala actuación de sus elementos, pues hay señalamientos de que hubo omisión en los primeros minutos de que los familiares denunciaron el secuestro. Los familiares de Norberto Ronquillo, el universitario secuestrado, y de cualquier otra persona desaparecida no pueden seguir escuchando como respuesta que se requiere que transcurran varias horas para que se configure un delito y se inicie cualquier investigación. Todo ciudadano víctima de algún delito —en la capital o en los estados— reclama únicamente el apoyo inmediato que como autoridad están obligados a otorgar.
En el caso específico de Norberto la procuraduría local asegura que no habrá impunidad. Ese es justo el clamor social en este y en muchos casos más, ¿por qué sólo cuando la presión de la opinión pública se eleva se logra el compromiso de aclarar el caso?
En una ciudad que ha invertido millones de pesos en seguridad, en instalación de centros de control, en más de 15 mil cámaras de videovigilancia en las calles y en 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo parece inaudito que la criminalidad tenga manga ancha para cometer ilícitos. La infraestructura antidelincuencia podría ser más robusta, pero al final del día si no se adquiere el compromiso de combatir el crimen, de poco servirá.
