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En cualquier parte del mundo 10 años son más que suficientes para aclarar una tragedia y sancionar a los responsables. En México no ha ocurrido así. Los menores afectados por el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, acompañados de padres y madres, siguen esperando justicia. Dos de los cuatro dueños de la estancia infantil fueron exonerados, un presunto responsable fue asesinado, hay cientos de amparos, investigaciones inconclusas y ni una persona detenida.
Para 24 niños y adolescentes hoy se cumplen 10 años de operaciones quirúrgicas constantes, de injertos de piel, de daños neurológicos, motrices y psicológicos. Una década de tratar de llevar una vida normal con las limitaciones físicas que traen a cuestas desde el viernes 5 de junio de 2009, cuando un incendio consumió la guardería en la que sus padres los dejaban mientras iban al trabajo. De los 176 niños que se encontraban en ese momento, 49 murieron, muchos fueron puestos a salvo, pero 24 sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en 85% de su cuerpo.
En diciembre de 2018, a la demanda de justicia se sumó la exigencia de atención, pues al llegar la nueva administración federal se quedaron sin servicio médico, medicamentos y servicios subrogados, con el argumento de que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades, las cuales habían sido denunciadas desde enero de ese año por los propios padres de los afectados. La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en febrero de este año, reactivó la ayuda.
La deuda que se tiene con las víctimas y sus familias es incalculable. Las limitantes físicas que los menores enfrentan provienen de una omisión del Estado mexicano al no ser capaz de garantizar la seguridad de los menores que requieren el servicio de guardería, omisión que se ha alargado una década sin que se haya dictado sentencia contra algún presunto responsable. Incluso el IMSS acaba de presentar, 10 años después de los hechos, una denuncia penal contra el entonces gobernador de Sonora.
La investigación de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC se ha convertido en una serie de acusaciones cruzadas y evasión de responsabilidades de las autoridades involucradas. Los padres de las víctimas señalan que no desean una ceremonia en la que el Estado les ofrezca una disculpa pública, pues nada les devolverá una década trastocada por irregularidades cobijadas desde las esferas públicas. Exigen solución. Que pague quien tenga que pagar. ¿Cuánto tiempo más deberá transcurrir para que sean escuchados?
