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En la Biblia, en el libro de Levítico, se menciona un ritual que los antiguos hebreos seguían para congraciarse con su Dios y que consistía en el sacrificio de dos cabras: uno era efectuado directamente en el templo para la purificación de los pecados cometidos por el pueblo, y en el otro un chivo era simbólicamente cargado con las faltas cometidas por los israelitas y enviado a vagar al desierto hasta morir, llevando lejos el mal extraído del corazón de los humanos. A este último se le conocía como chivo expiatorio.
En la actualidad, la figura del chivo expiatorio es una práctica recurrente en el ámbito policiaco mexicano en el cual se “fabrican” culpables para ser presentados ante la opinión pública acusados lo mismo de delitos menores, que de graves atentados contra la paz nacional. Ante su incompetencia, es más fácil para las fuerzas del orden atrapar a gente al azar.
La invención de delitos se instrumenta desde dos ámbitos: la ordenada desde su escritorio por un funcionario para demostrar la rapidez de su institución en la resolución de problemas de seguridad pública, y la que ejecutan por iniciativa propia los elementos encargados de hacer la detención.
Por eso es tan grave que la posesión de arma o drogas, por ejemplo, sean causales de prisión preventiva. Es muy fácil para los policías “sembrar” rifles o bolsitas de cocaína a los acusados, con el fin de dar por terminado su trabajo.
Aunado a lo anterior, si los indiciados protestan y hacen pública su injusta situación, ellos y sus familias pasan a un círculo de hostigamiento, persecución y extorsión.
El montaje televisivo que realizaron policías federales después de la detención de Florence Cassez fue sólo el ejemplo más burdo de una práctica sistemática que no ha sido erradicada. La opinión pública se siente aliviada con la imagen de gente detenida, pero se olvida de preguntar por las pruebas que incriminan a esos supuestos criminales.
Ahora, con el gobierno del presidente López Obrador, se ofrece como piedra angular de la nueva estrategia de seguridad a la Guardia Nacional. Recibirán entrenamiento con enfoque en derechos humanos, se ha afirmado. ¿Cambiará eso también su forma de atacar los delitos? Los incentivos para fabricar culpables siguen porque la reforma penal con la presunción de inocencia como eje —que ahora se quiere desmantelar— nunca terminó de implementarse.
Ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa permite una mayor manga ancha para los fabricadores de culpables. Ojalá se percate de esto el nuevo gobierno federal, antes de que la prevalencia de nuestra crisis de derechos humanos sea el recordatorio. Lo último que necesitamos es arruinar más vidas de inocentes.
