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La polémica por la disminución de recursos a las estancias infantiles tiene varias aristas. Por un lado, las afectaciones: recorte de más de 50% al presupuesto (2 mil millones de pesos), 9 mil 399 guarderías afectadas y 327 mil menores en riesgo de perder la atención.
Por otro lado, el hallazgo de irregularidades en el manejo del programa —argumento que ha esgrimido el gobierno federal para justificar el recorte. De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, en 2012, hace siete años, la situación no pintaba nada bien; la ASF detectó anomalías por mil 89 millones de pesos; en 2016, en cambio, se hallaron irregularidades por 69 millones, que representaron menos de 2% del total de recursos ejercidos.
EL UNIVERSAL destaca hoy otro ángulo. De acuerdo con el Coneval, 94% de los beneficiarios consideraron que las estancias contribuyen a mejorar su calidad de vida porque pudieron mantener un empleo y acceder a servicios para el cuidado y desarrollo de sus hijos; entre 96% y 98% observaron mejoras en sus hijos en lenguaje, habilidades sociales y desarrollo motriz.
En síntesis, se trata de un programa ampliamente avalado por los usuarios, cuestionado por la Auditoría y ¿mal comprendido por el gobierno federal?
Son pocas las voces que apoyan la merma de recursos. Incluso en el Senado todas las fracciones legislativas, incluida Morena, partido en el gobierno, se unieron la semana pasada para exhortar a la Secretaría de Hacienda a que este año mantenga la misma partida que se asignó en 2018 mientras se transita a otro modelo.
El gobierno explicó que los recursos no se otorgarán ahora a las estancias, sino directamente a los beneficiarios. Si la intención es mantenerlo con otro esquema, debió haberse hecho un anuncio previo para evitar la generación de molestias y malos entendidos. Sin embargo, una pausa en este 2019, como lo plantea el Senado, parece una medida razonable.
Debe tenerse en cuenta que se afecta por partida doble a los más necesitados: a madres solteras de escasos recursos y a quienes decidieron capacitarse para ofrecer servicios de guardería en su vivienda o en otro inmueble acondicionado y obtener así algún ingreso.
Nadie pide impunidad. Todas las irregularidades que se detecten tienen que resolverse por medio de la aplicación estricta de la ley. De poco sirve denunciarlas, si no se van a aplicar sanciones.
