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Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que la guerra contra el robo de combustible ya acabó (“El huachicol ya se acabó, ya no hay ni arriba ni abajo”, dijo en Badiraguato, Sinaloa), las cifras de los cuatro años previos en realidad hablan hasta ahora de una estrategia inconclusa contra este delito. Lo más preocupante es que, de inmediato, los miembros de un cártel hicieron eco de esa declaración y manifestaron su apoyo al nuevo gobierno, deslindándose —a su decir— de su participación en esa actividad criminal, cuando en los hechos se trata de una de las organizaciones a las que se ha atribuido la expansión del delito en la región del Bajío. Tales mensajes aparecieron colocados sobre vehículos que al parecer se habían utilizado en actividades relacionadas con el huachicoleo, pues tenían reporte de robo y algunos conservaban en su interior bidones o tanques con combustible.
Hace falta saber cuántas personas han sido detenidas por delincuencia organizada y no implicados menores que fueron detenidos por transportar bidones, manejar pipas o cuidar bodegas. Llama la atención que de las cifras presentadas por gobiernos anteriores, apenas el 1% corresponde a investigaciones en las que resulta implicada la estructura interna de Pemex, muy poco contra la percepción general de que es precisamente desde la paraestatal que se opera la mayor parte del desvío de combustible, por lo que salta a la vista que el énfasis está puesto en los eslabones menores de la cadena y en detenciones de bajo perfil. En tanto, del número de detenidos (229) por huachicoleo como actividad organizada —cifra ínfima si se compara con los más de 14 mil capturados por participación individual o circunstancial—, sorprende que la mitad ya han sido puestos en libertad en los últimos cuatro años.
Es de todos sabido que la corrupción o la comisión de delitos no se acaba ni por decreto ni con declaraciones. La investigación tendría que ser siempre la vía para atacar fenómenos criminales como el robo del combustible. En este caso detener a criminales en flagrancia ayuda poco porque la persona sorprendida extrayendo gasolina de algún ducto o aquellos que almacenan y expenden el huachicol sólo son una parte visible de un delito con ramificaciones tanto entre el sector empresarial como dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Las indagaciones oficiales tendrían que dirigirse también hacia estas dos aristas. Los datos presentados demuestran la casi nula efectividad para disminuir el huachicol. En este gobierno se está actuando diferente, sin embargo el éxito no será total si margina las tareas de investigación. No puede prescindir de ellas.
