El país lleva más de una década con la mira puesta en el combate frontal al narcotráfico, lo cual es comprensible por la magnitud del problema, aunque cabría la pregunta si el resto de los ilícitos se atacan con igual fuerza. Todo indica que no.

EL UNIVERSAL presenta hoy datos que muestran una drástica disminución en el combate a la piratería, en específico a los libros apócrifos. De 2007 a 2018 PGR y Policía Federal decomisaron en el país un total de 672 mil 207 piezas editoriales, pero la cifra de 393 mil libros pirata, decomisados en 2007, no se ha vuelto a alcanzar. El año pasado fueron apenas 10 mil 368 por parte de la PGR y ninguno por parte de la Policía Federal.

Los principales afectados son dos: una industria que da empleo a miles de personas y el lector común, que tiene que pagar ejemplares más claros como efecto de la proliferación de libros pirata.

La industria editorial estima que los recursos que se dejan de percibir equivalen a 2,500 millones de pesos, una cuarte parte del valor de las ventas de libros en 2017. El sector tiene cada vez menos recursos para producir obras bibliográficas, lo que genera que las ediciones sean más caras. Si en lugar de lanzar tirajes de 2 mil ejemplares por libros, sólo lanzan 500 —por la baja en ventas atribuidas a la piratería— los costos se elevan.

La aparición de productos falsificados y la falta de operativos para erradicarlos son factores que pueden desencadenar una serie de reacciones de funestas consecuencias. Los artículos apócrifos arrebatan compradores a un sector, que empieza a ver mermados sus ingresos; para revertir la situación, el fabricante comienza a producir menos e incrementa el costo de sus productos, con la muy probable disminución de compradores y de un acentuamiento en la caída de ingresos. El recorte de personal e incluso desaparición de la firma quedan como últimas opciones.

Como mencionan representantes de la industria editorial mexicana, en este caso lo importante no es solo perseguir el delito sino persuadir para tener conciencia del daño que ocasiona adquirir libros pirata. Toda editorial tiene que erogar recursos para pagar al autor, planear el diseño del libro, revisar la edición, comprar el papel, imprimir, programar la difusión, etc., nada comparable con la copia que se expende en la calle.

Carecer de recursos no debe ser pretexto para justificar la compra de productos pirata. Hay distintas vías para adquirir libros a un menor costo, incluida la opción digital, o iniciativas que pueden prosperar como el anuncio de hace unos días de que el Fondo de Cultura Económica planea ofertar libros desde 10 pesos.

Es necesario que se retomen acciones contra la piratería, para fomentar una industria alicaída, presa de una cifra abrumadora: en México, 4 de cada 10 libros son pirata.

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