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La liberación de Jesús Reyna García, ex gobernador interino de Michoacán (preso desde 2014 luego de aparecer en un video al lado de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de la organización criminal autodenominada Caballeros Templarios), ha puesto en entredicho una vez más la confiabilidad en el sistema judicial mexicano, así como los esfuerzos de las distintas presidencias por extirpar los cánceres y la descomposición moral que de cuando en cuando surgen al interior de la federación mexicana.
Algo de lo que ha carecido la procuración de justicia en México es de su capacidad de investigación y de presentar expedientes sólidos ante la justicia. Así lo han documentado expertos y organizaciones nacionales e internacionales. Son varios los ejemplos en los que el acusado sale libre al poco tiempo por lo endeble de pruebas o, peor, por tratarse de casos en los que predominó un interés político.
Los espectaculares operativos de aprehensión de funcionarios estatales suelen constituir con el tiempo duros reveses contra quienes los ordenaron, frecuentemente por lo débil y mal estructurado de las pruebas reunidas y presentadas contra los acusados, pese a lo evidente —o en ocasiones por su inocencia— de la culpabilidad o complicidad en ilícitos de diversa índole, con especial acento en el desvío o la malversación de fondos públicos. Tan mala ha sido la recabación de pruebas, que los encargados de dictar sentencia no encuentran sustento sólido sobre el cual emitir un juicio, lo cual redunda, tarde o temprano, en liberaciones como la de Reyna García, que dejan en ridículo todo el esfuerzo y amplia difusión puesta por el aparato federal en su aprehensión y presentación ante la justicia.
El nuevo mandatario y su equipo tiene la oportunidad de cambiar el paradigma que ha imperado los últimos 12 años de “guerra contra el crimen”. La incursión del gobierno federal con la intención de poner orden en el plano estatal, pocas o ninguna vez ha salido bien librada. El fracaso de las pasadas gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la persecución de actos de corrupción y de nexos de los gobiernos estatales con el crimen organizado, debe ser tomado por la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador como una señal de alerta y un ejemplo de lo que no debe hacerse en este terreno. La discusión de la Guardia Nacional abre la puerta para tener este sano debate.