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Tras la presentación formal de la estrategia en seguridad del próximo gobierno federal, en la que si bien existe un enfoque de derechos humanos que prioriza el combate a la corrupción, la generación de empleo, el abatimiento de la pobreza, la atención a las víctimas y la condonación de penas a estratos bajos de las organizaciones criminales como ejes, propiamente, contra la criminalidad y la violencia, quedó constatado que el paradigma militarista en este “nuevo” plan de seguridad, aunque con otro nombre, permanece prácticamente intocado.
La constatación de esto, entre otras, es que la futura Guardia Nacional que se anunció se constituirá, dependerá directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero más allá de calificar si la continuación del uso de las Fuerzas Armadas para seguridad pública es algo positivo o negativo, que a decir de la autoridad es el único camino a seguir dada la ausencia de policías capaces de enfrentar el reto, y que por otra parte, en voz de múltiples organizaciones de la sociedad civil, más bien significa la continuación de la espiral de violencia, lo cierto es que el tema de la criminalidad apremia y será el primero por el que el próximo gobierno de la República será evaluado.
Desde esta óptica, y por la situación de emergencia que enfrentan, varios serán los estados del territorio nacional donde la estrategia propuesta podría probar su valía. Por ejemplo, Guerrero o Tamaulipas, dos de los más violentos.
En este último, que lleva más de dos lustros ininterrumpidos bajo el embate de la violencia de los cárteles de la droga —especialmente de la organización hasta hace poco más violenta de México, Los Zetas— y entidad en la que conocimos el horror de masivas fosas clandestinas, la sociedad sin lugar a dudas se ha transformado, el tejido social ha sido trastocado.
Por ello, para un eventual y deseable regreso a la “normalidad”, para que vuelva a reinar la paz, se necesitará más que la ausencia de crímenes, violencia, balas y muerte. A tal grado el fenómeno criminal se ha enquistado en las comunidades.
Historias como la que hoy presenta EL UNIVERSAL, sobre la labor de Médicos Sin Fronteras, que brindan atención médica, psicológica y trabajo social en varias ciudades de Tamaulipas, dan cuenta del estado de descomposición social que se ha alcanzado en muchos puntos del territorio nacional. En Reynosa, por ejemplo, de 3 mil 64 pacientes atendidos por MSF entre septiembre de 2017 y febrero pasado, 68% fue por atención psicológica, una tendencia preocupante en términos de salud mental.
En suma, para atajar en verdad la crisis de inseguridad que atraviesa nuestro país se necesitará, en los hechos, no solo en el discurso, un enfoque humanista, que hasta ahora no se sabe como se armonizaría con el recién anunciado plan de seguridad.
