Toda gran obra de infraestructura, para realizarse de la mejor manera posible, ser sustentable, minimizar el impacto ambiental y optimizar sus costos, requiere de una serie de estudios, previsiones y opiniones de expertos que garanticen su efectiva conveniencia e idoneidad. Todo ello, desde luego, fundamentado en la existencia real de una necesidad social.
Sólo sumando lo anterior se conjura la posibilidad de que la obra en cuestión, por ejemplo, acabe costando más de lo presupuestado, se termine en un plazo mayor al establecido, o se convierta en un “elefante blanco” por no ser necesaria para la sociedad.
Esto cobra especial sentido ahora que el nuevo gobierno federal está por iniciar, y con él varias obras de infraestructura de gran calado, entre las que destaca notablemente el Tren Maya, planteado por Andrés Manuel López Obrador desde su campaña y que tendría, por la naturaleza, complejidad y magnitud del proyecto, severas implicaciones ambientales y sociales, y previsibles complicaciones técnicas.
Ante este escenario, y teniendo en cuenta casos de grandes obras de infraestructura fallidas en pasadas administraciones, el gobierno entrante deberá tomar en cuenta todos los puntos de vista, de los expertos y de las comunidades directamente afectadas, y considerar cualquier advertencia respecto a los eventuales riesgos que pueda encarar el proyecto.
Sin duda los desafíos más importantes que supondrá la construcción del Tren Maya —sobre todo en la península de Yucatán— son de tipo ambiental, por su impacto en el ecosistema, y la socialización del megaproyecto con las comunidades campesinas ejidales y los pueblos mayas.
Por el lado de la ecología, en opinión de expertos, las características del subsuelo cavernoso y su permeabilidad, por ejemplo, obligan a la elaboración de numerosas investigaciones y son factores de riesgo debido a que un mal manejo de residuos podría contaminar los mantos acuíferos.
En lo social, por otra parte, será fundamental contar con el aval de las comunidades indígenas y campesinas de las localidades y estados que integran el circuito del proyecto, que abarcaría mil 500 kilómetros de vías férreas, de los cuales aproximadamente 600 corresponden a vías férreas que gozan de autorizaciones —es decir, se construirán sólo 900 kilómetros de vías nuevas y obras inducidas—.
Por lo pronto existen ya opiniones encontradas sobre el Tren Maya. Empresarios se pronunciaron a favor de la construcción, pues, explicaron, repercutiría positivamente en la economía del sureste mexicano. Sin embargo, también ambientalistas han alertado de las afectaciones que este proyecto tendría.
Por ello, demostrar la absoluta viabilidad del plan, y que no habrá deterioro en lo social, económico y turístico, debe ser ahora la principal labor del nuevo gobierno.