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Uno de los objetivos más buscados en el sector científico durante las últimas décadas ha sido que los gobiernos asignen al menos 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Hoy esa meta se encuentra en su punto más lejano.
La austeridad a rajatabla decidida desde un escritorio golpea a los Centros Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt al punto de escasear recursos para los servicios elementales como luz y agua.
Información que hoy publica EL UNIVERSAL da cuenta de las vicisitudes por las que pasan al menos cuatro centros de investigación en distintas partes del país.
En el Instituto de Ecología, por ejemplo, las limitaciones a partidas de gasolina los restringe para hacer trabajo de campo, esencial en su área. Por esa misma razón, investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica temen que disminuyan sus visitas al Gran Telescopio Milimétrico, ubicado en el estado de Puebla. En Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada explican que están a cargo de la Red Sismológica del noroeste de México, cuyo mantenimiento corre a cargo de personal externo que ahora está en riesgo por la reducción de 50% en la contratación de servicios a terceros.
Debido a la instrucción de disminuir al mínimo el uso de la red eléctrica, en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco se restringió el uso de aire acondicionado y de equipos de cómputo a estudiantes de servicio social.
El avance que en las últimas décadas han tenido países como China, Corea del Sur o India ha estado ligado de manera cercana al desarrollo tecnológico y científico.
En estos momentos el gobierno federal por supuesto que tiene que evitar el derroche e impulsar una política de austeridad, pero tiene que haber una selección escrupulosa de cada caso.
Los argumentos —cada vez más frecuentes para justificar los recortes en algunas áreas— que refieren la existencia de corrupción, tendrían que pasar de los dichos a las pruebas y al correspondiente castigo judicial.
Junto con la educación, a la ciencia no tendría por qué negársele apoyos. Regatearle recursos es ir contra la oportunidad de construir un país con mayor desarrollo económico y social.
