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Como parte de las modificaciones en la administración pública, el gobierno federal está prescindiendo de áreas y de personal para la realización de sus funciones. Así, el Estado Mayor Presidencial, cuya tarea consistía en garantizar la seguridad presidencial, desapareció con el inicio de esta gestión. También se determinó finiquitar relaciones laborales con miles de empleados que prestaban sus servicios bajo el régimen de pago por honorarios.
Los ceses han ocurrido en varias dependencias. Uno de los primeros casos se dio en el Servicio de Administración Tributaria, pero se extendió a otras oficinas de la burocracia federal.
La gran mayoría de los afectados está inconforme por la manera en que se dio el proceso. Recibieron la notificación de un día para otro y sin alguna liquidación.
El gobierno federal se convirtió en generador del problema al haber fomentado, en otras administraciones, la contratación de miles de empleados por la vía de honorarios. ¿Intentó intentó evadir su responsabilidad como patrón al otorgar durante varios años contratos anuales, renovables al vencimiento, a miles de trabajadores?
A nivel local, en la Ciudad de México también hay protestas contra el gobierno capitalino. Desde 2015 se emitió un acuerdo para otorgar estabilidad a miles de empleados que cobraban por honorarios. Se estableció que recibirían contratos anuales así como seguridad social, aguinaldo y gratificación anual en forma de vales de despensa; sin embargo, no generaban antigüedad ni derechos laborales. Hoy muchos de ellos están despedidos y se encuentran manifestándose, bloqueando calles y evitando el acceso a oficinas públicas.
Las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos están comenzando a llegar. EL UNIVERSAL publica hoy que el organismo ha recibido 52 querellas, principalmente de trabajadores del SAT y de la Sedatu.
Las autoridades argumentan que los cesados cobraban sin trabajar. Los afectados rechazan la acusación; prácticamente todos exigen sólo una liquidación apegada a la ley. Tribunales tendrán que dirimir el asunto.
La contratación de trabajadores por honorarios en el gobierno federal no es nueva ni desaparecerá.
El lunes la Secretaría de Hacienda dio a conocer las disposiciones para su ingreso: carecerán de seguridad social, aguinaldo y prima vacacional, y no podrán extenderse más allá de este año.
En el país la violación a los derechos laborales es una actividad cotidiana —evidente con la carga y rezago existentes en las Juntas de Conciliación— el Estado no tendría por qué ejercerla y menos alentarla.
