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En materia económica uno de los componentes principales es la confianza. Si hay confianza en un país, los inversionistas nacionales y extranjeros destinan recursos para opciones productivas; si el futuro es de incertidumbre, la iniciativa privada esperará mejores tiempos para echar a andar sus proyectos o enfocará su mirada en otros lugares.
En el mundo hay oficinas especializadas que aconsejan a inversionistas dónde invertir y miden el riesgo que representa meter dinero a alguna empresa o en algún país. Esas oficinas son las llamadas agencias calificadoras, que calculan por medio de análisis qué tan confiable es una compañía o una nación para hacer frente a sus compromisos crediticios.
En los últimos meses la economía mexicana y la principal compañía del Estado, Petróleos Mexicanos, han estado en la mira de las calificadoras. El viernes Standard & Poor’s cambió la perspectiva de la calificación de México, de estable a negativa, por una menor previsión de crecimiento económico y por el cambio en las políticas públicas para el sector energético. Ayer, la misma agencia realizó un ajuste similar, pero para la calificación de Pemex.
¿Cómo deberían tomarse estas previsiones sobre la economía? ¿Se puede atribuir toda la responsabilidad al gobierno?
Respecto a Pemex, la actual administración recibió a la petrolera más endeudada del mundo. EL UNIVERSAL publicó la semana pasada que en el sexenio de Enrique Peña Nieto acumuló pérdidas por 1.2 billones de pesos, cifra que representa 60% de su deuda total, calculada en 2 billones de pesos. Con ese escenario, el saneamiento de Pemex es un desafío que difícilmente se resolverá en este sexenio.
Sobre la economía en general, la calificadora señala únicamente los aspectos de riesgo: una menor previsión de crecimiento económico y las dudas sobre el cambio de las políticas públicas para el sector energético.
El gobierno federal inició con mensajes que generaron incertidumbre, como cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, a lo que se sumó la designación de un director en Pemex que prácticamente fue desaprobado por el mercado financiero. Los puntos a favor del gobierno, entre otros, han sido su decisión de mantener una disciplina económica para no incurrir en déficit y reafirmar la autonomía del Banco de México.
México no debe subestimar ese tipo de opiniones. Es claro que el gobierno no recibió una boyante economía, pero tampoco la encontró vapuleada. No comunicar de manera acertada los planes o tomar decisiones que representen incertidumbre pondrían en riesgo la relativa estabilidad económica que —con altibajos y evidentes oportunidades para mejorar— ha mantenido el país desde inicios de siglo. De ese tamaño es la señal que envían las calificadoras.