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Hay un lugar en México donde hasta ahora el dinero público circula de manera generosa, por decir lo menos, y donde la noción de austeridad parece no importar.
En el Congreso de la Unión el sueldo de los legisladores está compuesto por tres conceptos: dieta mensual, asistencia legislativa y ayuda para atención ciudadana; y a partir de ahí se agrega una serie de privilegios como boletos de avión o pago de casetas de peaje para viajar a sus lugares de origen, seguro de gastos médicos mayores, acceso preferencial a créditos, caja de ahorro, servicio de estética o peluquería...
Pero ese no es todo el derroche. Los legisladores y las distintas fracciones legislativas pueden contratar los asesores que requieran. EL UNIVERSAL informa hoy que en los tres años de la 63 Legislatura, que está por concluir, se erogaron 4 mil 693 millones 590 mil pesos para pagar los honorarios de 2 mil 259 asesores. La cifra es mucho mayor a los 4 mil 60 millones que este año se asignaron para la operación del Seguro Popular.
El 60% de los asesores fueron requeridos por el Senado y el resto por los 500 diputados. El personal de apoyo llegó a percibir salarios de hasta 120 mil pesos mensuales.
Si por algo se ha caracterizado el Congreso de la Unión es por derroche y los gastos onerosos.
Mientras en el país se presentaban situaciones que ameritaban austeridad, que obligaban al Poder Ejecutivo a gastar solo en lo necesario, en el Legislativo el flujo de recursos permanecía casi sin cambio y con transparencia limitada.
A pesar de que se conoce gran parte del ejercicio de los recursos, hay zonas en el Congreso que permanecen en la opacidad. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado el tema, en específico las partidas que cada año se otorgan a los grupos parlamentarios; son millonarios recursos, de los cuales se ignora su destino. El uso discrecional de miles de millones de pesos para proyectos en sus estados y municipios es otro ejemplo.
Desde el Congreso se han aprobado leyes en favor de la transparencia, pero con sus acciones los legisladores parecen pensar que los compromisos son para los demás, no para ellos.
Con la nueva composición que tendrá la Cámara de Diputados, los legisladores entrantes han reconocido la importancia de recortar gastos onerosos y en principio consideran posible reducir casi en 2 mil millones de pesos el presupuesto anual para su operación.
Los legisladores, como representantes populares que son, tendrían que estar siempre al frente en lo que toca a ejercer un gasto austero, responsable y transparente. Se trata de cuidar el dinero público, el que sale del bolsillo de los ciudadanos. El Congreso tiene una gran deuda con la sociedad.
