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Una de las principales promesas de campaña que realizó Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial, que reforzó una vez electo y que está llevando a cabo al llegar al poder, es que nadie puede ganar más dinero que el jefe del Ejecutivo. Dicha propuesta ha sido objeto de discusiones amplias en el espacio público y se encuentra entrampada entre los Poderes de la Unión.
Por un lado, a escasos días de haber asumido la Presidencia, López Obrador insiste en llevar a cabo esta política, que entraría dentro de la lógica de austeridad que busca implementar en su gobierno. Mientras tanto, en el Poder Legislativo se polemiza por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que encontró serias resistencias por parte los partidos de oposición que interpusieron una acción de inconstitucionalidad.
El caso está hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo por disposición de una fracción del Legislativo, sino también porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el mismo recurso, de acuerdo a sus facultades.
Lo que está en juego una vez más es el equilibrio entre poderes; cada uno tiene que ceñirse a su ámbito de influencia y ser respetuoso con el resto. De este modo, es necesario que los juicios y amparos que se susciten en contra de la política que define un tope salarial de 108 mil pesos para los funcionarios públicos, se resuelvan por medio del diálogo.
Es bien sabido que la administración pública ha sido expoliada en sus recursos y patrimonio. Además, existen funcionarios públicos que tienen ingresos y privilegios exorbitantes, que superan por mucho a aquellos de que dispone el mexicano promedio. Estas reglas deben revisarse con detenimiento para eliminar aquello que en efecto represente una carga injustificada para el erario; sin embargo, esta coyuntura no debe convertirse un enfrentamiento de los Poderes de la Unión, porque el principal perjudicado sería el interés público nacional.
El papel que debe jugar cada uno de los Poderes de la Unión está claro. El Legislativo ha cumplido su labor al poner en la agenda esta nueva disposición; el Judicial tendrá que analizar el proyecto e interpretar el espíritu de la ley para hacer justicia, mientras que todos tendrán que acatar lo que resuelva la Corte, como ha dicho que hará López Obrador
Con el paso de los años, en nuestra democracia han sido forjadas las vías para resolver estas situaciones. Mientras cada uno de los Poderes de la Unión cumpla con su responsabilidad de Estado y actúen en consecuencia, estos conflictos podrán dirimirse dentro de la normalidad democrática y se fortalecerá a nuestras instituciones.
