Read in English
La sombra de la corrupción marcó al anterior sexenio. Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, la cancelación del Tren México-Querétaro, Odebrecht, el socavón en el paso exprés de Cuernavaca, la Estafa Maestra son nombres y obras que quedaron como ejemplo de situaciones turbias o desvíos descarados.
EL UNIVERSAL publicó el martes que autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Enrique Peña Nieto por la presunta aceptación de soborno en la compra que Petróleos Mexicanos hizo de la empresa Fertinal en 2015. La petrolera pagó 635 millones de dólares por una empresa insolvente, que tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y que solo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación como dos consultoras advirtieron que la empresa estaba en quiebra.
El caso, que se suma a la compra de Agronitrogenados, otra fabricante de fertilizantes, representó un perjuicio a las finanzas públicas y la presunta complicidad de funcionarios para aprobar las operaciones.
Ambas transacciones –hechas de manera pública y a pesar de críticas de analistas– reflejan lo endeble que resultaron las instituciones pensadas para evitar ese tipo de prácticas, bastante cercanas a actos de corrupción. La Auditoría señaló las inconsistencias, pero de poco valió.
Por situaciones de ese tipo surgen las intenciones de marginar un sistema anticorrupción –animado en el sexenio pasado por organizaciones civiles– y de apostar a una honestidad por decreto, que tampoco se vislumbra como solución.
Expertos como Mauricio Merino han señalado que puede existir voluntad en el actual gobierno para actuar de manera honesta, pero se necesita construir instituciones para que permanezcan más allá de gobiernos e ideologías.
En la administración federal domina el discurso de combate a los malos manejos en el gobierno aunque con nulas acciones para consolidar el sistema nacional anticorrupción que no termina de operar de manera completa. Un impulso a este esquema es lo que se requiere, así como el compromiso de gobiernos estatales para poner en marcha acciones similares. En el mismo sentido, sería oportuno fortalecer instancias como la Auditoría Superior de la Federación, que ha demostrado gran utilidad para identificar posibles actos de desvío de recursos.
En cualquier estrategia anticorrupción que se adopte, el objetivo central debe trascender la simple voluntad política y afianzar una estructura que detecte anomalías a tiempo y, mucho mejor, que frene las causas que las originan. El actual gobierno federal tiene la palabra.
