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En el siglo XIX, el gobierno mexicano encabezado por el oaxaqueño Benito Juárez libró una batalla para arrebatar a la Iglesia católica el control de muchos campos de acción en los que ejercía control, uno de ellos y quizá el más importante de todos era el de la educación. Con la reforma juarista —la Segunda Transformación, según el recuento del actual gobierno— se logró hacer la separación entre los asuntos civiles y los religiosos, constriñendo a estos últimos a un espacio en el que si bien se quitaron múltiples privilegios y atribuciones que las autoridades eclesiásticas se habían otorgado a sí mismas —a veces por el vacío que había por parte del Estado para proporcionar servicios a la población, por ejemplo en lo relativo a la asistencia médica o al registro de la población—, se les dotó en cambio del derecho a ejercer la libertad de culto y a darse a sí mismos su propia organización y gobierno.
Ahora, casi siglo y medio después, otro sector está tratando de tomar el control de la tarea educativa, incluida la relativa a los contenidos y planes de estudio, sin tomar en cuenta lo dispuesto al respecto por la Secretaría de Educación, que es la entidad oficial encargada de supervisar estos asuntos.
Se trata de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización independiente que congrega a un gran número de maestros, misma que se ha caracterizado por su postura radical y la aplicación de medidas agresivas para confrontar a las autoridades y solicitar respuesta a sus exigencias o para repudiar las decisiones gubernamentales con las que no están de acuerdo.
Ahora se ha dado a conocer que en Michoacán, la CNTE elaboró sus propios programas de estudios para primaria y secundaria y ha comenzará a hacer reparto de libros de texto por su cuenta, en sustitución de los oficiales. Dichos materiales se encuentran cargados de conceptos que muestran una clara ideologización con tintes marxistas, en los que se destacan especialmente las luchas revolucionarias del siglo pasado registradas en Latinoamérica, como la cubana, la sandinista en Nicaragua o la reciente autodenominada Revolución Bolivariana de Venezuela.
Es responsabilidad del gobierno hacer valer la ley del Estado e impedir que un grupo ideologizado y radical como la CNTE quiera imponer su propia versión de la educación a niños en las regiones que controla, pues la agrupación magisterial da señales contundentes de haber perdido la noción de los límites que puede tener como sociedad gremial.
