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Con el paso de los años ha cobrado visibilidad el dispendio y abuso ejercido en general por la clase política sobre el dinero público. En los tiempos que corren, es común conocer los desvíos y fraudes que se cometen sobre el erario a todos los niveles de gobierno, entre los responsables de los Poderes de la Unión. El diagnóstico sobre la corrupción como el principal problema de nuestro país tiene de sobra sustento en la realidad.
En la tradición política mexicana, los puestos y presupuestos públicos son vistos normalmente como botín político de los partidos o de quienes asumen el poder. Es así que, sin reglas ni instituciones fuertes, es posible cometer cualquier arbitrariedad sobre el patrimonio de todos. Al final, la falta de consecuencias, de procedimientos para castigar estos delitos, provoca que la impunidad cierre el círculo vicioso.
Según revela hoy EL UNIVERSAL, el grupo parlamentario mayoritario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, detectó que los principales partidos políticos, aquellos que mayor representación tenían en la pasada Legislatura, repartieron entre sí cuantiosos recursos del presupuesto legislativo de 2017.
De acuerdo con esta investigación, la mitad del presupuesto total de la Cámara de Diputados para el año anterior se destinó a pagar salarios de su burocracia. Tan solo en 2017 este órgano legislativo pagó 3 mil 812 millones 799 mil 826 pesos en conceptos de salarios y prestaciones, entre 6 mil 644 plazas laborales disponibles. Únicamente 617 funcionarios ganaron 102 millones de pesos, lo que representa salarios que se ubican muy por encima de los que percibe el promedio de la fuerza laboral en México. Sin embargo, a pesar de estas cifras, para 2018 el dispendio continuó en un nivel similar.
Tal como revelan mediciones especializadas, el Congreso mexicano ocupa el quinto lugar entre los más costos del mundo, por detrás de potencias como Estados Unidos. Hay testimonios públicos sobre la forma en que usualmente se ha ejercido el dinero desde los palacios legislativos federales de nuestro país. Las conclusiones en todos los casos hablan de la necesidad de replantear la forma de gastar el erario, pero sobre todo el modo de asumir lo público.
Es fundamental detener los abusos sobre el patrimonio nacional con las medidas legales apropiadas, pero lo cierto es que a pesar de estos esfuerzos, dichos abusos ocurren hoy en la oscuridad de procesos, trámites y lagunas legales en estados del país, en rincones legislativos, en las burocracias administrativas. La solución en el corto plazo es la austeridad en el uso del dinero público, pero la visión de largo aliento nos obliga a construir instituciones y procesos de rendición de cuentas para detener a quienes siguen viendo lo público como un botín.
