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Casi un millón de pesos diarios (860 mil pesos) erogó el actual gobierno federal de diciembre de 2012 a agosto de 2018 en sueldos de 7 mil 275 choferes al servicio de funcionarios de 25 secretarías, instituciones y organismos autónomos. La cifra total ejercida en ese periodo ascendió a mil 782 millones 983 mil pesos.
El dato que hoy presenta EL UNIVERSAL es una muestra más de los privilegios que ha gozado la alta burocracia en los últimos años; esos beneficios ocasionaron que el pasado 1 de julio la ciudadanía votara por la propuesta que ofrece eliminar las prestaciones doradas y terminar con el dispendio en un país con la mitad de su población en nivel de pobreza.
La dependencia que más recursos destinó al rubro conductores para funcionarios públicos fue Petróleos Mexicanos: de los mil 782 millones de pesos mencionados, 64% (mil 147 millones) fueron ejercidos por la petrolera; de los 7 mil 275 choferes requeridos por el gobierno federal 40% (2 mil 945) laboraron para Pemex. ¿Cuántos de los conductores contratados terminaron al servicio de esposas o hijos de funcionarios?, una añeja práctica común en el gobierno federal.
En las últimas semanas la aprobación de la ley que limitará los sueldos de los altos funcionarios a 108 mil pesos mensuales (salario que devengará el próximo jefe del Ejecutivo) ha dividido opiniones sobre la factibilidad de que eso rija de manera estricta en áreas donde la especialización técnica es un requisito.
Se ha planteado la posibilidad de que haya excepciones en algunas oficinas del gobierno federal con el argumento de contar con personal calificado para el adecuado desempeño de la administración pública.
Petróleos Mexicanos o Inegi —por citar algunas dependencias— podrían en todo caso ser la excepción. Lo que resultaría inadmisible es que pretendan mantener los excesos que han marcado a la alta burocracia. La empresa petrolera, por ejemplo, no debería ser la dependencia que más choferes dispone para sus funcionarios.
El próximo gobierno federal ha adelantado que iniciará una política de austeridad que incluye, entre otras medidas, eliminar el servicio de conductores para funcionarios públicos. A la par de ese medida, también debería replantearse el funcionamiento de la administración pública para —entre otras cosas— eliminar la duplicidad de funciones que suele darse en varios puestos del gobierno federal, así como terminar con la contratación de asesores, escoltas o choferes.
Limitar sueldos será útil al poner en marcha una austeridad republicana, pero lo que podría generar mayor ahorro es el fin de los excesos que tanta indignación han generado entre millones de mexicanos que viven con lo estrictamente necesario .