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En la última década el reto más importante para cualquier nivel de gobierno (federal, estatal o municipal) ha sido disminuir los índices de violencia. Las cifras actuales marcan que las estrategias aplicadas no están siendo totalmente exitosas, que algo se frena a medio camino porque los esfuerzos iniciales en general tienen buenos resultados, pero al poco tiempo se revierten. ¿Se baja la guardia? ¿Se pierde constancia en las acciones? ¿Se relajan los controles?
En este tema la autocrítica es escasa. Por el contrario, las autoridades usualmente se esfuerzan en presentar estadísticas a modo para mostrar cualquier leve mejoría.
En la Ciudad de México la situación de inseguridad se acentuó desde hace algunos años, a pesar de que tiempo atrás se le consideraba ejemplo de tranquilidad. El gobierno que tomó el poder en diciembre de 2018 es consciente de lo grave de la criminalidad y hasta ahora no ha esquivado el tema.
Este lunes la Procuraduría capitalina reconoció la existencia de una crisis en materia de violencia, que se ve reflejada en el número de homicidios dolosos que se registran. Las cifras oficiales colocan al periodo enero-abril como uno de los más violentos en los últimos 10 años en la Ciudad de México, con un total de 380 víctimas por arma de fuego. Enero tiene la cifra más alta, con 108, seguido de marzo (107), abril (91) y febrero (74).
A petición de este gobierno, fiscales y peritos franceses realizaron durante los últimos dos meses un diagnóstico de la operación diaria en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. La conclusión muestra datos que la mayoría intuía o tenía conocimiento: carencias y deficiencias de los policías locales al momento de investigar un crimen de alto impacto.
Se encontró que quienes deberían estar resolviendo los crímenes repartían documentación, se desempeñaban como choferes o realizaban tareas ajenas a su responsabilidad. Seguramente una investigación seria realizada por funcionarios del mismo gobierno capitalino habría hechos hallazgos similares.
La ciudadanía agradece que los gobernantes reconozcan los problemas sin tratar de esconderlos, evadirlos o de responsabilizar a gobiernos previos. Es una señal de honestidad.
Para la administración de la Ciudad admitir la crisis en el tema de seguridad debe servir para ajustar lo que no está funcionando y de reforzar controles donde se requiera. Los resultados con seguridad tomarán más tiempo de lo estimado, pero es necesario que se sienten las bases de un nuevo modelo que deje de ser únicamente reactivo para avanzar en la impartición de justicia y en investigación policiaca.