Crimen con cobijo social

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En el llamado Triángulo del Huachicol, en la zona sur del estado de Guanajuato, en las últimas 48 horas se vieron arder tráileres, camiones de pasajeros, camionetas, motos y llantas en diversas carreteras de la zona. El objetivo era impedir a fuerzas federales actuar en contra del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, grupo delictivo considerado responsable principal del robo de combustible.

Muchos de los promotores de estas acciones fueron civiles, situación que no es nueva, pues la autoridad estatal ha documentado casos en los cuales la comunidad actuaba para inhibir la acción policiaca e incluso enviaban a mujeres a realizar un cerco para no permitir la entrada de fuerzas del orden.

En el país tampoco es la primera vez que se tiene noticia de algo así. Se conocen historias similares en pueblos de Sinaloa, donde narcotraficantes obtenían cobijo de los habitantes de comunidades, así como en poblaciones fronterizas de Tamaulipas y Coahuila, en las cuales el Cártel del Golfo llegó a festejar de manera año con año a los menores en el Día del Niño.

El apoyo social a grupos criminales no aparece de la noche a la mañana, es un proceso largo y complejo resultado de situaciones sociales y económicas específicas de la zona, que el crimen organizado sabe aprovechar.

En la mayoría de los casos se trata de localidades carentes de servicios básicos y de otras necesidades que las autoridades nunca atendieron. El crimen, entonces, llena esos espacios que dejaron vacíos gobiernos municipales y estatales.

Además de obtener apoyo de grupos sociales, las bandas criminales requieren de la protección de la autoridad. En la zona de Guanajuato copada por fuerzas federales, familiares del alcalde del municipio de Villagrán forman parte de la estructura criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, de acuerdo con información de la Policía Federal. Es el comienzo de una relación peligrosa que descompone el llamado tejido social, cuyas señales más ominosas son familias enteras dedicadas a actividades ilícitas, aspiraciones de pequeños a formar parte de bandas criminales cuando lleguen a la juventud o autoridades que se suman a las filas delincuenciales.

Al concluir el operativo —capturen o no al objetivo criminal— quedará por delante una ardua tarea: la de ofrecer a familias y comunidades alternativas para impulsar una convivencia diferente. El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad.