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El sistema de salud no está exento de los ajustes que está realizando el gobierno federal para lograr ahorros y concretar un manejo eficiente del gasto. Por esa razón y debido a que brinda atención a millones de personas, cualquier cambio —para bien o para mal— tiene una resonancia nacional.
En el último semestre se ha conocido de desabasto de medicinas, de reducción de apoyos a médicos pasantes, de personal de hospitales que trasladan cadáveres por las escaleras ante la falta de mantenimiento a elevadores o suspensiones del servicio de tomografía contrastada por la falta de jeringas. Las protestas de pacientes y de trabajadores ha servido para que muchos de los servicios y prestaciones sean restituidos.
Hoy se conoce un nuevo dato en lo que muchos consideran crisis del sector salud. A partir del 15 de junio cerraron 315 Unidades Médicas Urbanas adscritas al programa IMSS-Prospera. Como consecuencia de la desaparición del programa Prospera, el Seguro Social ya no recibirá transferencia de recursos para la operación específica de esas unidades.
Esas instancias se encontraban distribuidas en 28 entidades y su tarea principal era proporcionar servicios médicos a población sin seguridad social que habita zonas urbanas marginadas. En cada una laboraban entre uno y dos equipos integrados por un médico, dos enfermeras, un promotor de acción comunitaria, un administrador y una secretaria. Solo en el estado de Veracruz había 19 Unidades Médicas Urbanas que atendían una población de alrededor de 44 mil habitantes. A las preguntas de usuarios respecto a dónde recibirían atención, médicos y enfermeras no tenían respuesta, pues la autoridad solo les dio una instrucción precisa: entregar las instalaciones.
De acuerdo con el testimonio de una enfermera, el cese de los trabajadores tampoco se caracterizó por su apego a la legalidad: “No tenemos seguridad social, estamos contratados por honorarios, no generamos antigüedad, muchas veces se retrasaron los pagos y eso no importó nunca, ahora nos corren sin liquidación, no hay oportunidad de reubicarnos y lo peor es que la gente que venía para controlar su diabetes, hipertensión, darle seguimiento a su embarazo o de manera preventiva se quedaron sin ese servicio”.
Cerrar 315 opciones de atención médica cuando aún no hay otras opciones en la reestructuración que se plantea para el sistema público de salud es una medida que sólo va en detrimento de los más vulnerables.
A quienes deciden desde una oficina en la capital del país no vendría mal un poco de empatía con los usuarios de los servicios. No representaría un gran esfuerzo.
