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Tan sólo una semana después de los lamentables hechos en Tlahuelilpan, otra población —Otumba, en el Estado de México— se alzó contra miembros del ejército para defender lo que consideran “su huachicol” y su “derecho” a sustraerlo —quizá alentados por el denominado “huachicoleo de arriba”, el de cuello blanco, el que se efectúa al interior de la propia Pemex. “Si ellos lo hacen, nosotros por qué no”, es lo que argumentan en su defensa, alegando que si los ductos pasan por sus tierras, por sus campos de cultivo, ello los hace también dueños del producto y exigen su derecho.
Hoy EL UNIVERSAL da a conocer que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sólo uno de cada cuatro indiciados por robo de combustible fue detenido. Ello habla de una enorme impunidad que creció en los años recientes y que ha llevado a volver ya insostenible la crisis del huachicoleo.
En últimos días, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido a la población intercambiar la actividad delictiva por programas sociales. Sin duda, tener alternativas es parte de la solución al problema del hurto sistemático de bienes nacionales; sin embargo, parte de la ecuación es también sancionar los delitos que se cometen, pues éstos continuarán si la amenaza de coerción no es creíble.
Los propios legisladores de Morena, por iniciativa presidencial, están proponiendo endurecer las penas y que el robo de combustible se considere delito grave. El incremento de penas, está demostrado, no incide en la baja del delito, pero esperemos que dentro de 6 años, cuando se revisen las cifras del gobierno de López Obrador, constatemos que el número de detenidos aumentó en proporción a los indiciados o —mejor aún— se eliminó el robo y se pueda decir que se hizo lo correcto en la lucha contra el huachicol.
Lo importante es que está en marcha una estrategia contra el robo de combustible, luego de años de discursos de que se acabaría con el ilícito y de que se harían operativos para combatirlo. A pesar de lo anterior, los índices de sustracción ilegal de gasolina no hicieron más que aumentar.
Ahora se dio un giro en la forma de distribución del combustible, que aunque causa desabasto, tiene el respaldo de la mayoría de la población, de acuerdo con una encuesta que publicó EL UNIVERSAL el lunes pasado. Este cambio de estrategia ha mermado el accionar de los grupos criminales, pero aún no hay investigaciones concluidas.
Para operar, el huachicoleo requiere de amplias ramificaciones: funcionarios, autoridades, población y criminales. El país está ante la oportunidad única de desterrarlo, pero si no hay castigo contra los responsables, no se podrá decir que la estrategia fue efectiva.
