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La tradición de México en materia migratoria —al menos durante el siglo pasado— ha sido la de tender la mano a los perseguidos, a quienes viven en peligro en sus países y a quienes por decisión propia eligen nuestro territorio para emprender una nueva vida... pero eso podría estar cambiando.
La caravana de migrantes que salió de Honduras el fin de semana pasado con el fin de llegar a Estados Unidos para solicitar refugio en esta nación, y reencontrarse con sus familiares, se encontrará a su paso por México con un despliegue policiaco y con estrictas medidas migratorias.
Desde el martes se encuentra en Tapachula el comisionado de la Policía Federal y ayer llegaron al menos 240 agentes para reforzar la seguridad en la zona.
También ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que quienes cuenten con visa expedida por el gobierno mexicano podrán ingresar sin problema, los que deseen solicitar refugio deberán hacerlo de manera individual, de acuerdo con la ley vigente, y aquellos que no estén en ninguno de los supuestos anteriores serán deportados.
La probabilidad de que los miles de migrantes que conforman la caravana cuenten con visa mexicana es mínima. Si traen en mente solicitar refugio, las estadísticas no les favorecen, pues las peticiones se dispararon de poco más de 3 mil en 2015 a más de 14 mil en 2017.
La demanda ha rebasado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que tarda mucho más de los 90 días hábiles que marca la ley para dar una respuesta. Muchos de los solicitantes desisten y menos de la mitad de los que soportan la larga espera reciben la aprobación. ¿Les espera la deportación a los centroamericanos que en las próximas horas llegarán a la frontera sur?
Es la segunda vez en el año que miles de migrantes se movilizan desde naciones centroamericanas con la intención de llegar a Estados Unidos, cuyo presidente pide —¿o amenaza?— a los gobiernos al sur de su frontera detener la caravana.
Pobreza y violencia son las causas principales del éxodo. Se insiste en que el tema debe abordarse de manera regional, pero las acciones son escasas. ¿Qué hicieron los gobiernos de la zona en los seis meses que transcurrieron desde la primera caravana para paliar la situación de millones de personas? Hasta ahora ha faltado el compromiso compartido de desarrollar iniciativas conjuntas que permitan una vida más digna a los habitantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, principalmente.
El clamor de quienes vienen en carava es tener la oportunidad de un mejor futuro. No son criminales, no son terroristas ¿estrellarles la puerta en la nariz será la mejor opción?
