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En México, como en el resto de las naciones, el Estado rige muchos aspectos para el mejor funcionamiento de la vida pública; por ejemplo, tiene el monopolio de la fuerza para garantizar seguridad. Pero para ello y muchas funciones más requiere recursos, los cuales obtiene mediante el cobro de impuestos.
Periódicamente, los mexicanos conocen de nuevos programas para elevar la recaudación fiscal, sin que tengan el éxito prometido. A pesar de numerosos intentos, el sistema tributario del país es considerado por organismos internacionales como uno de los que menos recaudan en comparación con la riqueza que produce el país. Una de las razones es la evasión fiscal.
Las empresas, especialmente las de gran tamaño, son las que recurren a todas las argucias legales —o incluso ilegales— para pagar menos impuestos. En sus filas tienen grupos de especialistas para analizar la normatividad y encontrar vericuetos para disminuir sus contribuciones.
Como respuesta, la autoridad solo ha sabido emprender acciones que parecen cacerías o campañas de temor contra los contribuyentes. Son comunes las detenciones de alguna figura de renombre por problemas con el fisco, lo que se interpreta como actos intimidatorios para quienes incumplen sus obligaciones fiscales.
En este gobierno, el Servicio de Administración Tributaria apelará al “civismo contributivo” —principalmente entre las empresas— en lugar de perseguir evasores. En entrevista con este diario, Margarita Ríos-Farjat, titular del organismo, menciona que se necesita cambiar ese “deporte” de pensar en la forma de pagar menos impuestos o pedir devoluciones que no se justifican. “La Constitución mandata contribuir con el gasto público, si eso no se respeta es como hacer trampa”.
La lógica hacendaria debe ser que paguen más quienes más tienen, situación que no siempre se cumple. En México hay millones de contribuyentes cautivos sobre quienes usualmente recae la carga fiscal.
Para cambiar la cultura de la evasión es requisito indispensable que la ciudadanía perciba la correcta utilización de los recursos: destinarlos a programas sociales, pero también para contar con servicios de calidad, desde transporte, carreteras y hospitales, hasta puertos y parques.
Es enconmiable dejar de lado acciones persecutorias y apelar al civismo, pero no pueden ignorarse los mecanismos legales de coerción que tiene la autoridad para proceder contra quienes reinciden en evasión. En cuestiones monetarias, seguramente hará falta algo más que llamados a actuar de buena fe.
