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En los últimos años ocurrieron hechos trágicos en los que estuvieron involucrados elementos de corporaciones municipales, estatales o federales. Se hicieron investigaciones para deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables, pero las indagatorias solo contribuyeron a generar dudas en lugar de eliminarlas.
El caso emblemático es la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que no pudo haberse presentado sin la participación de —al menos— autoridades locales. También están los de Nochixtlán (enfrentamiento entre la Policía Federal y los pobladores), Tlatlaya (choque entre militares y presuntos criminales) y el hallazgo de fosas en San Fernando, Tamaulipas, con casi dos centenares de cuerpos.
La poca o nula acción investigación del delito, en combinación con los elevados índices de violencia, generaron un aumento en los índices de impunidad, reportado por distintos centros académicos, así como una pérdida de credibilidad en la población hacia las instituciones que imparten justicia.
¿De qué manera puede volver a tenerse confianza en el sistema judicial mexicano? ¿Cómo puede reducirse la violencia que azota amplias regiones de la República?
El gobierno que entrará en funciones el 1 diciembre adelanta que impulsará la creación de Comisiones de la Verdad, con el objetivo de que se conviertan en un primer paso para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad de todas las víctimas y de sus familiares, para que se aplique la justicia y se termine con la impunidad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte que no deben perderse de vista cuatro pilares: verdad, justicia para que no haya impunidad, las reparaciones a las víctimas y las garantías de no repetición.
Es un acierto que el próximo gobierno no apueste al olvido de los casos que dejaron amplias dudas sobre la actuación del Estado y que desde ahora plantee retomarlos, pero el reto principal será que no vuelvan a repetirse situaciones de esa índole, lo cual sólo se alcanzará en el momento que todas las corporaciones policiacas se encuentren debidamente capacitadas y sus elementos percibiendo salarios dignos, cuando el comportamiento de jueces y funcionarios del Poder Judicial sea totalmente ético y sancionada cualquier sospecha de una mala actuación y en el instante en que los gobiernos de todos los niveles asuman su compromiso con la verdad de los hechos, velando por el interés de la víctima.
Al país le han dolido los casos citados... y muchos más. Hay heridas abiertas, que deben comenzar a sanar.
