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Las políticas de seguridad emprendidas contra el crimen organizado desde hace más de una década en México han provocado una herida profunda en nuestra colectividad, en la memoria de todos. Es un capítulo de la historia nacional en el que todavía debe aquilatarse el papel del Estado y sus artífices, respecto al daño de las fuerzas criminales.
El combate a la violencia del crimen organizado ha provocado daños colaterales. La participación de las Fuerzas Armadas en esta lucha es una decisión criticada desde que se tomó, más aún en aquellos momentos en que militares y marinos usaron injustificadamente una fuerza desproporcionada.
Es justo decir que las Fuerzas Armadas asumieron tareas ajenas a su competencia, relacionadas con la seguridad pública, debido a la ineficacia de las policías locales y al gran poder ejercido por el crimen organizado sobre las autoridades. En definitiva, estos cuerpos de élite se vieron comprometidos por las autoridades civiles cuando la violencia se hizo incontrolable.
Ante este panorama, EL UNIVERSAL publica hoy en estas páginas una entrevista con Jared Genser, un reconocido abogado de prestigio internacional, quien afirma que los derechos humanos en México se han deteriorado significativamente en las últimas décadas, principalmente debido al papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
La política que llevó al Ejército a asumir tareas de seguridad pública no ha modificado significativamente los niveles de violencia en el país. Además, la amplia penetración de los grupos criminales en los gobiernos locales, la falta de competencias de las policías municipales y la escasa cooperación interinstitucional impactan directamente en los resultados obtenidos hasta ahora.
En la opinión del experto, la pacificación del país pasa por responsabilizar a quienes han violentado los derechos humanos en el pasado, aun cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas. Llegado el momento, México deberá vivir un proceso de transición, desde el estado de violencia actual hasta la pacificación, pero deberá cuidarse el trato que se dé a las Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares más relevantes del Estado.
En lo legal, el llamado de Genser es oportuno: hay que crear un marco adecuado que permita la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, al tiempo que se garantice la protección a los derechos humanos. El debate en torno a la creación de la Guardia Nacional, que se realizará en semanas próximas, es una oportunidad para garantizar el cuidado a las Fuerzas Armadas dentro de un marco de respeto a derechos fundamentales.
El reto para la administración federal es enorme: hay que afrontar plenamente, de una vez, el problema de la violencia al tiempo que se cuide el impacto sobre los derechos humanos. De hacerse adecuadamente, se sentarán bases sólidas en la materia de cara al futuro para darle sostenibilidad a nuestro país.
