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Si se está a la espera del momento ideal para avanzar de manera decidida contra el robo de combustibles que sufre el país desde hace más de una década, ese momento es hoy.
El gobierno federal anunció en diciembre pasado su intención de combatir ese delito; la estrategia fue duramente criticada por distintos sectores que cuestionaron si no resultaba más cara que seguir permitiendo el llamado huachicoleo.
La decisión de cerrar los ductos como medio de abasto de energético ocasionó el estrangulamiento económico de personas y empresas en al menos 10 estados del país. El abasto en muchas zonas todavía se da prácticamente a cuenta gotas, en medio de largas filas de conductores que buscaban llenar los tanques de sus vehículos.
Sin embargo, una encuesta que hoy publica EL UNIVERSAL destaca que las medidas adoptadas por el gobierno federal cuentan con un amplio respaldo de la población en las entidades más afectadas por el desabasto. 74.5% de los entrevistados en Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Estado de México apoya la estrategia de cierre de ductos para combatir el robo de hidrocarburos.
Investigadores del llamado huachicoleo han advertido del componente social que tiene el ilícito. En algunos estados hay comunidades cuya economía se sostiene de la venta de gasolina robada, pero de acuerdo con la nota que aparece en este diario, la población está dispuesta a resistir más tiempo el desabasto con el objetivo de que se erradiquen los sabotajes a los ductos de Petróleos Mexicanos.
El inicio del combate al huachicoleo por parte de este gobierno tiene un mes, lapso en el que se ha conocido la dimensión del problema. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la existencia y desmantelamiento de una red interna en Pemex que diariamente robaba 200 millones de pesos en combustible, se informó de 435 detenidos y de una investigación a 114 empresas y personas por irregularidades financieras presuntamente ligadas al robo de combustible, contra 37 de ellas se ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias.
También se conoció el lado trágico con el estallido de una toma clandestina en Hidalgo, el viernes pasado.
El fenómeno tiene muchas caras, tantas como sectores involucrados. El gobierno federal ha demostrado la intención de luchar por erradicarlo y hasta ahora cuenta con el viento a su favor. Luego de años de que las anteriores autoridades fracasaron en intentos por disminuirlo, el país tiene ante sí una oportunidad única para modicar la situación, sería muy lamentable que no se lograra.