La relación entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) está en un punto delicado. Mientras los profesores bloquean vías de comunicación ferroviaria, con graves costos para la productividad y la economía, reciben abundantes recursos del patrimonio de los mexicanos como incentivo para terminar con estas afectaciones.
En Michoacán, un sector de la CNTE ha decidido mantener los bloqueos a las vías férreas porque consideran insuficientes las concesiones que hacia ellos ha tenido los gobiernos federal y estatal. A pesar de los esfuerzos de ambas partes para evitar el escalamiento del conflicto, todavía hay quienes son reacios a llevar a buen puerto las negociaciones entre la Coordinadora y el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A pesar de que existió un acuerdo entre ambas partes para liberar las vías ferroviarias en Yurécuaro y Uruapan, hasta ayer permanecían bloqueadas.
Estos hechos tienen aspectos legales y económicos que hay que dimensionar. En primera instancia, las pérdidas para la iniciativa privada por dichos bloqueos se calculan en mil millones de pesos por día, aunque la cifra podría aumentar hasta los mil 500 millones diarios si se toman en cuenta los impactos indirectos.
No sólo ello, además de los bloqueos de vías férreas, existen reportes de toma de casetas de peaje en autopistas, por lo que el daño económico puede extenderse hacia otras instituciones públicas. El gobierno federal ha iniciado el proceso para revertir la reforma educativa, mientras que a la CNTE se le otorgaron plazas magisteriales y se le transfirieron cuantiosos recursos, tal como demandaron al bloquear las vías férreas.
En la dimensión legal, las autoridades federales optaron por el diálogo y renunciaron al uso de la fuerza para retomar el control de las instalaciones públicas, pero estos gestos no han sido correspondidos por algunos integrantes de la CNTE, que apuestan por escalar el conflicto.
La rectoría del Estado en lo público pasa por no ceder ante grupos de interés: los gobiernos deben evitar la captura de lo público por particulares. La administración federal tiene la obligación de velar por el bien público, que en este caso corresponde a quienes resultan afectados en su economía y a las leyes que son vulneradas con estos actos.
El diálogo es fundamental en la democracia y los gobiernos son los primeros que deben practicarlo, como es necesario que quienes encabezan las instituciones cumplan y hagan cumplir la ley. El tiempo se agota.
