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La transparencia en los datos gubernamentales y en el acceso a la información oficial es una práctica relativamente joven en el país. Nació en 2002 cuando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se publicó en el Diario Oficial de la Federación en junio de ese año.
La rendición de cuentas parte de una premisa básica y sencilla: toda entidad que opere con dinero público tiene la obligación de dar cuenta de la forma en que ejerce los recursos. El acceso a la información gubernamental se sustenta en el objetivo de crear sociedades más democráticas, que actúen como supervisores del quehacer público. Todo lo anterior tiene como finalidad incidir para reducir los actos de corrupción y contribuir a lograr una administración pública más eficiente.
Desde 2002 la colaboración de los distintos gobiernos ha sido de altibajos. Se ha dado respuesta, efectivamente a miles de solicitudes de información planteadas por la sociedad, por organizaciones ciudadanas, por los medios de comunicación, pero en algunos temas considerados sensibles o delicados se ha reservado el acceso a la información —a veces con justificación, la mayoría de las ocasiones sin ella.
EL UNIVERSAL publica hoy que Petróleos Mexicanos reservó por cinco años toda información sobre la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero, que ocasionó la muerte a 135 personas. Se requirió una versión pública del caso, que incluyera el número de grupos que se dedican al robo de combustible en la zona.
Entre los argumentos para no entregar información se señala la afectación directa a la estrategia de combate al robo de hidrocarburos, la obstaculización a las labores de seguridad y vigilancia, así como el riesgo que representaría para la integridad de Pemex, de sus instalaciones estratégicas y de sus sistemas de ductos.
Conocer una versión pública de una de las mayores tragedias ocurridas en México no tendría que reservarse alegando cuestiones de seguridad, pues cualquier información en realidad sensible podría omitirse. Lo que se trata es contar con una visión de los hechos desde la perspectiva de Pemex.
Resulta contradictorio que este gobierno que ha enarbolado la lucha contra la corrupción ponga frenos a la transparencia. Andrés Manuel López Obrador fue criticado durante su gestión como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal por haber reservado información sobre la construcción del Segundo Piso; la presión y la congruencia obligaron a levantar la restricción. El acceso a la información es un derecho fundamental.
