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Hace seis años la población de Michoacán se encontraba a merced de los grupos del crimen organizado que peleaban por el control de territorios. Se conocieron muchas historias de abusos y vejaciones. Los gobiernos locales poco podían hacer para enfrentar el poder de la delincuencia, incluso muchos estaban en complicidad con las bandas. Ante el vacío de autoridad, surgieron grupos de civiles dispuestos a llenar ese hueco. Así aparecieron los llamados “autodefensas”, para realizar labores de seguridad en diversas zonas; se conformaron 32 grupos.
La intervención del gobierno federal, mediante un delegado especial en la entidad, logró el desmantelamiento e incorporación de sus elementos como agentes policiacos en las corporaciones municipales; los menos se transformaron en bandas delincuenciales o se fueron a las filas del crimen organizado.
A seis años de distancia, los autodefensas no son historia, sino realidad. En tres comunidades michoacanas su presencia es cotidiana, aunque solo en Coahuayana su actividad registra resultados positivos: el municipio es uno de los más seguros en la entidad. En cinco años solo se han registrado 11 homicidios dolosos, dos casos de extorsión y ningún secuestro. Los civiles armados se capacitan en criminología y criminalística, bajo estándares del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También operan en Aquila y La Ruana, donde la situación es distinta, pues los índices de inseguridad se han incrementado. En estas zonas prevalecen la violencia, las muertes, los secuestros y las extorsiones.
La presencia de civiles armados que buscan combatir al crimen es señal inequívoca de la debilidad de los gobiernos locales democráticamente constituidos. Se incumple así el mandato ciudadano que otorga a sus gobernantes el monopolio de la fuerza para generar un ambiente de seguridad.
La incapacidad o —peor aun— la infiltración de criminales en las filas policiacas son la única explicación posible a la claudicación oficial en la lucha contra grupos delictivos. La desesperación de ciudadanos lleva a la decisión de defender familia y patrimonio por propia mano sin esperar a la acción oficial.
En 2013 decenas de municipios michoacanos eran un territorio sin ley donde dominaban los más fuertes. Reinstaurar la legalidad fue un proceso que tomó varios meses.
Ni al estado ni al país le conviene ahora que revivan escenarios de ingobernabilidad. Significaría que nada se aprendió. Los grupos que sobreviven son un recuerdo de lo que no tiene que volver a repetirse.
