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La certeza en la democracia la dan las instituciones, el marco legal y la fortaleza del Estado de Derecho, no las personas. Aunado a ello, la austeridad en el presupuesto público es un valor fundamental para la ética pública, pero no debe contraponerse con la satisfacción de necesidades básicas de la ciudadanía.
Los gobiernos democráticos requieren hacerse acompañar de una sociedad civil heterogénea, participativa e involucrada en los asuntos comunes. No puede renunciarse a la diversidad y a la participación social, puesto que han pasado los tiempos en los que los gobiernos se bastaban a sí mismos para resolver la totalidad de los problemas públicos.
La suspensión de la convocatoria para dar subsidios a la creación de refugios en favor de mujeres e hijos víctimas de violencia familiar extrema es una medida equivocada a todas luces. Esta política, determinada por la Secretaría de Salud, tendrá impactos severos para aquellas personas que viven una situación personal y socialmente inaceptable. Más aún, les pondrá en riesgo.
En días anteriores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra de la transferencia de recursos públicos hacia organizaciones de la sociedad civil debido a que, desde su perspectiva, ese dinero corre el riesgo de ser capturado por intermediarios que no empleen dichos recursos para su objetivo final.
Lo cierto es que por lo menos la mitad de los refugios contra la violencia extrema que hay en el país están a cargo de organizaciones de la sociedad civil. Sin los recursos públicos que reciben, estos recintos corren el riesgo de desaparecer y, en consecuencia, dejar expuestos a quienes han sufrido violencia intrafamiliar extrema.
Este problema no se puede solucionar con la asignación directa de dinero a la gente, puesto que las víctimas necesitan de esta clase de refugios para su salvaguarda física, así como su estabilidad emocional y económica. En un contexto en que se insiste en que se protegerá y empoderará a la mujer, estamos ante el peor momento para cancelar una política benéfica para ellas.
Los abusadores en las familias están ahí y los refugios son un oasis de esperanza para quienes han sido sus víctimas. Mientras la justicia en México sea difícil de obtener por medio de las instituciones, se hace todavía más necesario que el gobierno federal acepte el respaldo de quienes, sin ánimo de lucro, suman a las tareas que las autoridades no alcanzarán a resolver.
La austeridad presupuestaria es necesaria y fundamental, pero no a costa de quienes sin la protección de los recursos públicos quedarán a expensas de sus verdugos.
