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Que una persona sea diferente nunca debe significar que tenga que sufrir violencia y mucho menos morir. Eso está ocurriendo con las personas transgénero.
EL UNIVERSAL presenta hoy la situación de violencia y muerte que les acecha, precisamente por su condición. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha documentado que las presiones están asociadas con daños físicos, violación, acoso sexual y amenazas de muerte.
Desde 2011 la cultura de protección y respeto a los derechos humanos de quienes habitan en la República Mexicana quedó amparada por la Constitución Política.
La reforma de ese año tuvo como objetivo colocar a la persona como el fin de las acciones de gobierno. A partir de entonces para toda autoridad hay cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Aunque es un principio que no siempre se cumple y está en proceso de consolidación, el simple hecho de que se haya reconocido en la principal normatividad del país marcó un antes y después.
El último párrafo del artículo 1 se ha vuelto esencial para impulsar una sociedad tolerante al establecer la prohibición de “toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana”. Distintos grupos sociales han visto fortalecer sus derechos, aunque unos más que otros.
La situación que viven las personas trans no es fácil, pues usualmente los padres son los primeros que rechazan, castigan, discriminan y reprimen a quienes han descubierto su identidad. La falta de orientación y entendimiento que prevalece en gran parte de la sociedad contribuye a ello.
En una de las historias que se publican en estas páginas, dos gemelas relatan que cuando descubrieron su identidad, durante la niñez, compañeros de su escuela y vecinos del pueblo decían que tenían “el demonio adentro”.
No hay cifras precisas sobre el número de asesinatos cometidos contra la población trans, pero organizaciones internacionales ubican a México en el segundo lugar global en número de homicidios, por detrás de Brasil.
En el país hay sectores vulnerables —como las personas transgénero— que merecerían más atención y mayor protección de sus derechos. La Constitución está de su lado.
