Más Información
Read in English
¿De qué sirve para la mujer presentar una denuncia ante la autoridad por abuso o agresión sexual? De muy poco, pues los funcionarios del Ministerio Público generalmente son los primeros en desestimar y poner trabas a sus casos.
De acuerdo con los datos que presenta hoy EL UNIVERSAL, obtenidos de la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México, de 2016 a 2018 se abrieron en promedio ocho carpetas de investigación al día por algún tipo de agresión sexual en la capital del país.
Pero hay ocasiones en que los números se disparan. El 1 de octubre de 2018, por ejemplo, se registró un récord de 23 reportes por algún tipo de delito sexual; la cifra, sin embargo, fue superada dos meses después, cuando el 5 de diciembre de 2018 se atendieron 24 denuncias del mismo tipo.
Esos datos sin embargo pueden estar lejos de la situación real del problema, pues la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) recibe cada semana un promedio de 100 víctimas de violación, de las cuales solo 15% inicia un proceso penal.
La razón que frena un mayor porcentaje de denuncias por parte de las mujeres es el suplicio que representa acudir a una agencia del Ministerio Público.
Funcionarios que no creen en las versiones que escuchan, que consideran que la reacción del hombre fue en respuesta a una acción –o peor, “provocación”– de la mujer, que atosigan con preguntas. Burócratas que por compromiso llenan documentos, pero que muestran nulo interés en dar seguimiento al caso. La perspectiva de género está ausente de las oficinas del Ministerio Público. La denunciante, en lugar de recibir apoyo, se siente señalada.
El cambio de actitud debe venir de la autoridad. El primer lugar de donde deben ser erradicadas las ideas machistas es de las instancias oficiales.
Los movimientos #MeToo que aparecieron hace unos días en las redes sociales mexicanas son una respuesta a la falta de acompañamiento para investigar las denuncias y a la revictimización que se da al momento de presentarse ante el Ministerio Público. Hasta ahora no se han alcanzado instituciones de confianza y en el sector privado apenas comienzan a instaurarse protocolos de actuación ante la presentación de casos.
Como consecuencia de la movilización de grupos de mujeres, amplios sectores del país han tomado conciencia de la gravedad del acoso y del hostigamiento sexual, especialmente en los centros laborales. Toca a la autoridad poner de su parte para que la agresión a la mujer no sea una conducta “normal” y que ese patrón comience a desterrarse.
