Usualmente las buenas noticias no son noticia. Pero en esta ocasión sí vale la pena contarlas.
A propósito del premio Tulipán, que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda otorga a defensores de derechos humanos y que este año otorgará a la mexicana Graciela Pérez Rodríguez por su labor incansable en el tema de los desaparecidos, el ministro Halbe Zijlstra ha reconocido que la nueva Ley General en materia de desaparición de personas es ejemplo de los avances que México está teniendo en este tema tan delicado.
Nuestro caso no es el mismo que acosó a la Argentina a mediados y finales del siglo pasado. Esa historia cruel en la que muchas abuelas y madres han luchado para conocer el paradero de sus hijos y sus nietos. El trauma es el mismo, pero la trama es distinta.
En nuestro caso, gran parte del problema es generado por los grupos criminales, es decir, son desapariciones por particulares. La otra parte es por la ausencia de un método nacional uniforme y homologado con todas las bases de datos del país para el reconocimiento de cadáveres que son enterrados en las fosas comunes.
La importancia de esta ley es doble. Por un lado, reconoce el problema y lo enfrenta. Ofrece soluciones a un problema que se antoja urgente en nuestro país, porque ha generado discordia, desconfianza y una imagen de impunidad. Tres factores que sirven para desestabilizar y deslegitimar a cualquier gobierno. Ambas consecuencias francamente indeseadas ante el problema mismo que queremos atacar. Es decir, lo menos que necesitamos cuando hay sospechas y problemas sobre desaparición de personas es un gobierno inestable.
Pero ese es el segundo rasgo por la cual la ley es buena. Pues al ofrecer y reconocer, disminuye los alcances de la discordia y la desconfianza.
Ya teniendo una ley, lo que sigue es comenzar a discutir interinstitucionalmente, sobre los mecanismos técnicos para el reconocimiento de cadáveres. Para resolver el problema del número de denuncias por desaparecidos. Pues muchas de ellas se tratan de ineficacia tecnológica y de coordinación más que de desaparición forzada o por particulares.
Años atrás ya había comenzado a orquestarse una salida desde la Ciudad de México. En 2016, el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México firmó un convenio para el uso de los bancos de datos de huellas dactilares con el INE, el cual ha tenido el éxito suficiente como para pensar que esa es una buena solución a nivel nacional. En ese año, el Incifo obtuvo casi un 100% de aciertos en el reconocimiento de la identidad de cadáveres desconocidos o no reclamados, denunciados como desaparecidos. Muchos de ellos, según los datos de las necropsias, habían fallecido a causa de accidentes automovilísticos, pleitos callejeros y riñas.
Esta situación clarificaba mucho el espectro del problema y lo ubicaba alrededor de la ausencia de tecnologías y métodos adecuados. Esta solución, aún parcial, debe alentarnos más en la búsqueda de soluciones plenas a nivel nacional. Parte del problema, como he insistido, está en la falta de herramientas de reconocimiento de cadáveres. Las soluciones, claro está, no se podrán recargar únicamente en las leyes, sino en los criterios que las hagan aplicables y en la voluntad de encontrar soluciones verdaderas, usando la nueva tecnología y el acuerdo nacional.
En el tema de los desaparecidos no es una cuestión nada más de buscarlos, sino de saber encontrarlos.
Sea como fuere, las buenas noticias a las que me refería al inicio abarcan, por supuesto, la celebración de que el Premio Tulipán se lo lleve una mexicana, y que en el mundo ya están reconociendo que México está haciendo todo lo posible, lo política y jurídicamente posible, para resolver los asuntos que lo acosaban.
Embajador de México en los Países
Bajos. Representante permanente
ante la OPAQ