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A dos años de que culmine la segunda década del siglo XXI, más que alentador, el panorama me parece preocupante. Estoy convencido de que existe una necesidad real de restablecer las instituciones democráticas en el mundo y del mundo (internacionales y locales, por igual). No es problema de un lugar o de un país en particular, sino de un sistema político que ha permitido ser utilizado contra sí mismo. Si estamos convencidos de que el camino de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho es el adecuado y de que los principios de libertad, autonomía personal y dignidad de las personas son los correctos, entonces, la perspectiva para 2018 no puede invitarnos al descanso del optimismo, sino a la acción de la preocupación.
Los golpes que recibió la democracia liberal durante 2017 en el mundo fueron tan significativos, que, de no reestablecer la estrategia liberal y democrática en el mundo, ésta podría perder tanto terreno durante los próximos años que, incluso, correría el riesgo de volver a reducirse a ser la realidad política de unos cuantos países y nada más.
2017 fue el año en el que se impuso el mayor número de decisiones mayoritarias contradictorias y dañinas para las mismas instituciones democráticas y liberales en el mundo. Pienso que son tres los frentes que deben ocuparnos, pues son los que más daño han sufrido en el último año: restablecer la política de las instituciones y no de las personas; apostar por una economía globalizada y no nacionalista y, volver a la perspectiva de que son los jueces el pilar del sistema de justicia democrática.
No guardo dudas de que, en los últimos dos años, estos tres frentes son los que más han sido afectados en el mundo. El proceso de deslizamiento hacia medidas contrarias a la democracia y al Estado de derecho ha surgido, en gran medida, a partir de la victoria de gobiernos y medidas de carácter populista que han puesto el énfasis en el “carisma” y han creído más en la retórica ofrecida por un individuo y que en la importancia o en la transcendencia que ciertas decisiones pueden llegar a tener o han tenido para las instituciones democráticas de un país. Ha sido tendencia internacional recurrir al nacionalismo como solución ante los resentimientos gregarios que han generado los problemas mundiales más angustiantes: como el terrorismo, la pobreza, el desempleo, la migración, etc. Las medidas nacionalistas de los recientes populismos se han encargado de sostener como una verdad incuestionable que todos estos problemas han sido generados por la globalización, por la cercanía y la apertura entre las naciones y, también, por jueces que toman decisiones contrarias al “sentimiento” de los pueblos; confundiendo que la corrección de las decisiones judiciales no está relacionada con su aceptabilidad popular.
Las respuestas que hasta ahora se están ofreciendo en el mundo, están minando las tres áreas más relevantes del proyecto liberal, que hasta ahora, el mundo occidental había defendido para evitar, precisamente, los autoritarismos, los totalitarismos y sus demagogias. Las instituciones democráticas, la economía compartida y el Estado de derecho son la apuesta del pensamiento liberal para evitar esos males y para garantizar los derechos de las personas, su autonomía y su dignidad; pero de claudicar en la defensa de estas ideas, correremos el riesgo de regresar a las mismas situaciones que se estuvimos combatiendo durante todo el siglo XX. No le demos la razón a Hegel cuando decía que lo que podemos aprender de la historia es que no aprendemos de la historia.
Embajador de México en Países Bajos.
Representante permanente ante la OPAQ
