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Muchas cosas no se pueden evitar con la promulgación de una ley. No basta con emitir un decreto para que las cosas cambien o para que se mejoren. Esto lo han venido discutiendo por años sociólogos y politólogos, además de teóricos del Derecho, la simple existencia de un ordenamiento jurídico no cambia la realidad. La mejora en algunos casos, la regula, claro está, pero son otras las vías que se requieren para modificar la realidad.
Si esto es cierto cuando nos referimos a cuestiones que pretendemos modificar hacia el futuro, todavía lo es más cuando trata de borrar el pasado. Una ley no puede negar la historia. Una ley no puede desaparecer las acciones del pasado. Puede, efectivamente, sancionarnos por recordarlas en voz alta, puede modificar las publicaciones sobre esos hechos, puede reprimir el pensamiento colectivo, pero no cambiar la historia ni los hechos que sucedieron en el pasado.
Algo así está tratando de hacer el gobierno polaco al imponer una ley que pretende sancionar a aquellos que sostengan la participación polaca en el holocausto. Se sostiene que los polacos no tuvieron nada que ver con la persecución de judíos y se volcaron en intentar salvar al mayor número de judíos posible. Esto, en parte, es verdad. Como todo en la historia sobre la Segunda Guerra Mundial lo es; relativo. Pues efectivamente, como muchos historiadores han argumentado recientemente a propósito de esta Ley, el número de justos polacos son muchos. De hecho, parece que el mayor número de ellos es de origen polaco. Sin embargo, de ahí no se deriva que ningún polaco haya sido colaboracionista y que en ningún momento hayan existido cómplices del nacionalsocialismo.
Se ha discutido que la ley se basa en el derecho al olvido. Aquel derecho se protege con el propósito de que no se recuerden hechos del pasado que puedan denigrar o vulnerar la dignidad. Algo así como un perdón por hechos que se cometieron, de los cuales hay arrepentimiento y culpa.
Sin embargo, dicho derecho al olvido se les reconoce a las personas; a los individuos. En la actualidad, dicho derecho ha sido esgrimido en contra de la altísima memoria que tiene el internet. Los seres humanos tenemos una memoria limitada y selectiva; tendemos a perdonar y a olvidar con intención de hacerlo. Pero en la actualidad eso cada vez se vuelve más difícil cuando existen mecanismos que nos recuerdan recurrentemente quién es quién, qué hizo aquel o qué dejo de hacer el otro. Es decir, el internet nos dice cosas sobre la vida de las personas, que en ocasiones esas personas no quisieran que se recordaran. Desde hechos que cometieron en la adolescencia, en esa etapa explorativa de la vida, hasta hechos por los que ya han consumado una pena. Si un individuo cometió un delito y ya cumplió su pena, tiene derecho a integrarse a una sociedad sin que ésta le recuerde por el resto de sus días que fue un criminal.
Bajo ese contexto, ese derecho es entendible y defendible. Es un derecho con el que todos los individuos, por ser perfectibles, quisiéramos ser arropados. Sin embargo, este mismo argumento no es aplicable a las sociedades en general, en abstracto, a los pueblos. Pues las acciones que no son imputables a un individuo identificado o identificable, sino que pertenecen a la historia de la humanidad, no pueden (y en muchas ocasiones, no deben) ser borradas de nuestra memoria. En la historia de la humidad hay cosas que no merecen ni perdón ni olvido, y el holocausto es una de ellas.
Pero la memoria histórica sirve para algo más que la imputación de responsabilidades. No está destinada para culpar a unos o a otros. Pero sí tiene un propósito central y sumamente importante, que es el de recordar lo que sucedió; conocer los hechos tal y cómo fueron realizados. Tiene el propósito de recordarnos de lo que somos capaces como humanos y de lo que fuimos capaces, todo con el fin de evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Puede haber un recuerdo sensato que restablezca la dignidad de nuestros pueblos. Recordar qué hicimos en el pasado, no necesariamente habla de quienes somos en el presente.
Embajador de México en los Países Bajos.
Representante permanente ante la OPAQ
