Guadalajara.— El gobierno de Guadalajara anunció que llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Natación (FINA) por lo que no pagará la multa de los 5 millones de dólares impuesta tras cancelar el Mundial de Natación que se llevaría a cabo en 2017.

El ayuntamiento del estado informó mediante un comunicado la noticia, luego de participar en una audiencia celebrada en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en la ciudad de Laussane, Suiza.

“Con el acuerdo conciliatorio, la relación con la FINA ha quedado en buenos términos, con lo que se asegura la participación y el respeto a los atletas mexicanos en los eventos organizados por dicha Federación. También se estableció la continuación de una relación normalizada entre las autoridades mexicanas y FINA”, cita el documento.

Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo desde el inicio de su administración que México no pagaría la multa al considerarla injusta.

“El contrato bajo el cual se amparan y dicen que México tiene que pagar se considera que es “leonino”, atizó Castillo.

En la audiencia celebrada el martes 6 de septiembre, estuvieron presentes tanto los representantes de la FINA, así como la síndica Bárbara Casillas y el abogado Edgardo Muñoz, representantes del gobierno de Guadalajara.

“Queremos informarles que el gobierno de Guadalajara celebra esta resolución, porque considera que es lo mejor para los deportes acuáticos en México y porque, ante un escenario de confrontación, los atletas son los más perjudicados”, añade el documento.

La FINA demandó hace algunos meses a distintas autoridades mexicanas tras cancelar de último momento la justa del orbe en la Perla Tapatía.

En enero pasado, la FINA anunció que nuestro país estaba suspendido por no cumplir el contrato que firmó en 2011 para la celebración del Mundial de 2017.

México declinó organizar el evento en febrero de 2015 por falta de recursos económicos.

Hasta 2014, el gobierno nacional le pagó al organismo internacional 9.5 millones de dólares para la organización del certamen (2 millones de una fianza y 7.5 mdd de un anticipo a los derechos del Mundial). Al declinar, México se hizo acreedor a la multa.

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