Río de Janeiro.— La crisis política y económica brasileña relegó los preparativos para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro a un segundo plano, a cuatro meses de la celebración de la primera justa olímpica sudamericana.
Los Juegos han dado paso a un espectáculo aún mayor: la batalla de la presidenta Dilma Rousseff por evitar un juicio político mientras millones de personas marchan en las calles en su contra. Todo en medio de varios escándalos de corrupción y con el país sumido en su peor recesión económica desde la década de 1930.
“Si esto hubiera pasado hace cinco años, podríamos incluso haber perdido los Juegos”, dijo el portavoz del comité organizador, Mario Andrada. “Nunca he experimentado semejante inestabilidad política”, añadió. “Si me pregunta qué será lo siguiente en el frente político, no tengo ni idea”.
El gobierno brasileño esperaba con los Juegos —y en el Mundial de futbol de 2014— mejoras en la imagen del país. En cambio, podrían haber conseguido lo contrario al fomentar una intensa cobertura del proceso de impugnación y resaltar los juicios por sobornos, la corrupción y una drástica caída en la moneda del país.
Unos tres millones de personas salieron a la calle en todo el país este mes en manifestaciones contra Rousseff, protestas que según los medios fueron más multitudinarias que las marchas de 1984 que reclamaron elecciones y el final de la dictadura militar.
“Casi estamos ahí. Las cosas que necesitamos del gobierno son cosas pequeñas, del día a día”, comentó Andrada.
Renuncia responsable del deporte. El ministro de Deportes de Brasil, George Hilton, dejó el cargo cuando faltan cinco meses para los Juegos Olímpicos.
El anuncio fue hecho por el ministro Jaques Wagner, jefe del despacho personal de la presidenta Dilma Rousseff.
Hilton integraba el Partido Republicano Brasileño (PRB) cuando asumió la cartera de deportes en diciembre de 2014.
Según el portal del diario O Estado de Sao Paulo, pese a que Hilton se desvinculó de su partido para mantener la titularidad del ministerio, tuvo que renunciar en el marco de una serie de negociaciones entre el Ejecutivo y legisladores del PRB, vinculadas al proceso con miras a destituir a la mandataria que se tramita en el Congreso.
