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El pasado 17 de julio, Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a prisión de por vida y treinta años más y al pago de la reparación a las víctimas, pidiendo la fiscalía el decomiso de 12,666 millones de dólares, tal como lo previmos en este espacio, desde el mes de febrero. Ahora el problema que se nos presenta es la reparación a las víctimas en México y el decomiso a los delincuentes de los bienes producto de su actividad delictiva, pero afortunadamente el presidente López Obrador instruyó a su equipo reclamar los bienes que de ese proceso nos correspondieran. Con la extradición de Guzmán a las autoridades norteamericanas, prácticamente renunciamos a la obligación del Estado mexicano de enjuiciar a los criminales, proteger a los miles de víctimas y recuperar los bienes producto de esos delitos, sin embargo, se abre la posibilidad de reclamar ante las autoridades del vecino país por lo menos el cumplimiento de los dos últimos puntos.
Ante la posibilidad de reclamar una parte de los fondos decomisados o entregados por los delincuentes, debemos de tener presente los siguientes factores: El más relevante delincuente mexicano fue juzgado en el extranjero por hechos cometidos en México, juicio en el cual no comparecieron las víctimas mexicanas; por otra parte, el atraso en nuestra legislación nos pone en desventaja, porque no tenemos acción contra empresas en lo particular sin vinculación directa con un proceso penal, además de que no contamos con la información necesaria y nuestras víctimas no tienen una resolución judicial a su favor que las proteja, por lo que solo procede el decomiso como sanción. La mayoría de los más de doce billones de dólares que reclama el gobierno estadounidense, deben de estar en México, en empresas, fondos de inversión y fideicomisos muy difíciles de rastrear y más difíciles de asegurar con nuestro sistema legal; sin embargo, nuestros vecinos del norte con su Rico Act y la US Foreing Corrupt Act, seguramente intentarán recuperar todos los bienes.
Para enfrentar este problema, México puede hacer uso de acuerdos y disposiciones internacionales, que fundamentan nuestro derecho a reclamar parte de esos activos. También habíamos dicho que no solo debe reclamar ante nuestros vecinos la entrega de recursos, sino también de información sensible y reservada que obtuvieron de las investigaciones y de los testigos colaboradores.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos (Convención de Palermo), para dar curso a una solicitud de disposición del producto del delito señala que los Estados Parte, de ser requeridos, darán prioridad a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que éste pueda indemnizar a las víctimas del delito, o celebrar acuerdos para repartirse entre los Estados afectados el producto del delito.
En esta semana concluyó la visita del secretario de Estado, Michael R. Pompeo, a México, en la cual se discutieron los principales asuntos de la relación bilateral. Según el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se planteó la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y se solicitó que el gobierno de Estados Unidos despliegue un operativo, en conjunto con el gobierno de México, para frenar el tráfico ilegal de armas que entran a nuestro país.
Así como se están planteando comisiones o grupos de trabajo para el caso de Guzmán Loera, también debe hacerse en casos análogos de decomiso de bienes o acuerdos entre narcotraficantes y las autoridades de los Estados Unidos que ya se han efectuado. El gobierno norteamericano siempre se ha resistido a entregarnos una parte de lo que decomisan y aseguran, y cuando aceptan, lo hacen mediante procesos de certificación unilateral y por convenios leoninos en los que nos hacen pago en especie con bienes y servicios que ellos adquieren de sus propios proveedores.
Debemos pedir en primer lugar, la entrega de la información e inteligencia necesaria para que las autoridades mexicanas puedan asegurar y decomisar los bienes que se encuentren en nuestro país y exigirles la mitad de lo que se encuentre en los Estados Unidos y otros países, no olvidemos que esa fortuna que los norteamericanos reclaman, no es el producto de un delincuente ni de un hecho criminal aislado: se generó, con miles de víctimas mexicanas, en un combate al narcotráfico que nos fue impuesto, y por un crimen organizado que se nutre con la excesiva demanda de enervantes y un flujo de armas que no controlan.
Exconsejero de la Judicatura Federal
