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Como lo demuestra la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), el narcomenudeo se ha convertido en México en la verdadera Hidra de Lerna, al regenerarse y multiplicarse rápidamente cuando se le asesta un fuerte golpe, como el reciente abatimiento de Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”.
Los datos sobre su avance en el país son abrumadores. En los últimos 5 años la prevalencia de cualquier tipo de narcótico aumentó de 7.8% a 10.3%, mientras que en los adolescentes se incrementó su uso en ambos géneros más de 200% y para la mujer, con relación a su uso al menos una vez en la vida, fue mayor al 100%.
Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, sólo de los 4 remitidos por cada 10 que son detenidos, el 65.6% son menores a 28 años y 48.9% a 22. En cuanto al tipo de droga, el uso de la marihuana tiene una cuota del 76.1%, seguida de la cocaína con 18.1% y de las pastillas sicotrópicas con 1.3%.
Estas tendencias alcistas claramente demuestran que nuestra nación ha dejando de ser un mero lugar de tránsito de la droga para también ser consumidora. Las derivaciones de esta transformación son negativas en muchos sentidos.
Por una parte, un amplio sector de la población juvenil que ingresará al mercado laboral o que ya está en edad de trabajar, es potencialmente usuaria o adicta a las drogas ilícitas. Por la otra, ese mismo grupo lo utiliza la delincuencia organizada para la distribución y venta de narcóticos.
Efectivamente, los actuales vendedores son usualmente jóvenes, incluso menores de edad. De esta manera, por lo general no son castigados con pena de prisión, sino con la imposición de medidas alternativas, por lo que el crimen organizado los atrapa y manipula, además de que son presas fáciles de su violencia.
Además, para ese tipo de delincuencia altamente territorial, lo más importante es conservar, mantener y acrecentar su mercado interno con atención a su clientela efectiva, circunstancia que genera la confrontación entre los grupos rivales, la comisión de delitos del fuero común y la corrupción de la policía y autoridad locales.
De hecho, una parte significativa de la violencia y homicidios en el país, tienen su motivación precisamente en estas variables del narcomenudeo: la disputa de territorios y plazas; la ingente financiación que representa; el fomento de delitos comunes; y, la colocación de drogas de diseño de bajo costo como gancho.
Por último, por todas esas razones, el narcomenudeo erosiona la salud pública y desintegra el tejido social en sus diversas facetas, desde la unión familiar hasta el lugar de trabajo, lo que provoca no sólo inseguridad y violencia, sino también serios problemas de adicción personal, desarrollo económico y convivencia colectiva.
¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? Su origen tiene su principal fuente en la llamada “Ley de Narcomenudeo”, que se incorporó mediante las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, tanto en la Ley General de Salud como en los códigos penales federales sustantivo y procesal.
Desde ese momento, el narcomenudeo vino a consistir en la posesión, comercialización y suministro de los narcóticos que enumera la citada ley, cuando la cantidad es inferior a la que resulta de multiplicar por mil el monto de la dosis que indica como máxima para consumo personal, diario e inmediato.
Bajo ese sistema no se penaliza, por ejemplo, si un adicto usa para su consumo personal hasta 500 miligramos de cocaína o 5 gramos de marihuana. Pero si la posesión excede de esas cantidades máximas, entonces ese delito lo debe conocer, perseguir y castigar la policía, el ministerio y la judicatura locales.
Por otro lado, el narcotráfico solamente tiene lugar cuando se trata de cantidades mayores al narcomenudeo, delito de la exclusiva competencia federal.
No obstante, la verdad es que en los hechos es difícil probar cuando la posesión de la droga es para el consumo personal de un adicto, o bien, cuando se posee para suministrarla o venderla. También resulta confuso determinar qué autoridad –federal o local– debe conocer en cada caso, al haber competencia concurrente.
Por lo expuesto, se llama de modo urgente al Congreso de la Unión para que realice los cambios que establezcan las corresponsabilidades propias de esa sensible materia, para que colme las lagunas que subsisten y para que incorpore políticas que prevengan la farmacodependencia, rehabiliten a los adictos y combatan el uso de narcóticos.
Particularmente no se puede seguir tolerando que las entidades federativas se desentiendan, con la realización de escasísimas averiguaciones previas hasta la fecha, de la persecución y enjuiciamiento de delitos contra la salud que son de su competencia y que persistan en su reprochable actitud de no colaborar con la autoridad federal cuando haya narcotráfico.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
