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La próxima puesta en marcha de la Fiscalía General de la República supondrá un paso decisivo para consolidar el actual proceso que busca modernizar la procuración e impartición de la justicia mexicana. La reciente incorporación del sistema de justicia penal de corte oral y adversarial en el país, constituyó un paso previo y fundamental en esa misma dirección.
Como institución central de naturaleza judicial, la verdadera eficacia de esa fiscalía general deberá quedar sujeta a que su independencia y autonomía sean garantizadas, de manera auténtica y en todo momento, con relación al resto de los poderes públicos. Del cumplimiento cabal de esa premisa esencial dependerá el funcionamiento de todo el sistema judicial.
Efectivamente, el nuevo modelo acusatorio de impartición de justicia, que en su momento fue impulsado en nuestro país por Estados Unidos, no será exitoso en la medida en que no sea implementada esa parte complementaria, es decir, una fiscalía profesional y competente que tenga los mismos elementos ineludibles que posee la fiscalía estadounidense.
Entre esas notas básicas destaca un aspecto ciertamente medular: la independencia política, administrativa y económica de todos y cada uno de los fiscales que estarán a cargo de investigar los delitos y de perseguir a los delincuentes. Ello no podrá circunscribirse a ser una nota exclusiva de quien será el próximo fiscal general de la nación, sino de toda la institución.
Son precisamente a los fiscales a quienes tocará indagar los posibles delitos, ejercer la acción penal, impulsar la justicia expedita y cuidar los intereses de las víctimas. Luego, para que realicen esta importante tarea, inevitablemente deberá eliminarse toda posible dependencia e intromisión de cualquier poder o autoridad. Su único marco de actuación deberá ser la ley.
Por su parte, el fiscal general deberá constreñir su crucial papel a velar por la existencia de esas condiciones estructurales en favor de todos los fiscales y policías a su cargo, además de encauzar y representar los esfuerzos conjuntos de la institución y de coordinarla con las demás agencias involucradas en la procuración e impartición de la justicia.
Lógicamente, debido a la relevancia del cargo, el desempeño del fiscal general deberá estar sujeto a los equilibrios constitucionales y legales que aseguren el ejercicio imparcial, profesional y responsable de su trascendente encomienda, incluyendo la transparencia en su quehacer, la oportuna rendición de cuentas y el logro de resultados concretos.
Por ese conjunto de razones y bajo ninguna circunstancia, el fiscal general deberá tener un poder o una atribución tal como para que pueda incidir, menoscabar o anular de manera indebida la independencia de criterio y la autonomía técnica de que deberán gozarán los fiscales y policías a cargo de investigar y perseguir los delitos que sean de su competencia.
El servicio civil de carrera deberá regir el ingreso, permanencia y ascenso de esos servidores públicos con vocación y compromiso demostrados, quienes deberán ser formados en los planos científico, tecnológico y forense para que puedan identificar los hechos delictivos, recolectar las pruebas, asegurar la cadena de custodia y armar casos sólidos ante el juez.
Asimismo, los nuevos fiscales del Ministerio Público deberán dirigir la investigación de los delitos de su competencia y conducir la colaboración en su persecución. Para que esto último sea posible, la ley deberá aclarar la jurisdicción federal y local para prevenir, perseguir y enjuiciar los diversos delitos.
De igual modo, la ley deberá distinguir nítidamente entre dos tipos de investigación: la que tiene por objeto la prevención del delito, la cual pueden realizar las autoridades federales, locales y municipales, según su competencia; y la que tiene por finalidad la persecución del delito, a cargo exclusivamente de las fiscalías federal y estatales.
La solución a nuestros problemas de inseguridad y violencia no pasan necesariamente por tener más fiscales y policías, sino por que los que haya se encuentren formados, con emolumentos adecuados y, sobre todo, con normas claras que precisen su actuación, competencia y corresponsabilidad.
El punto clave reside en crear la institución que desarrolle, sustente y soporte la independencia y autonomía de los que serán sus fiscales y policías.
