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Según Kofi A. Annan, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo.
En mi opinión en México, como sucede en América Latina, padecemos dos vertientes de la corrupción, la primera que tiene que ver con el ejercicio del poder público y de los recursos públicos, y la segunda es una distorsión de nuestros valores y principios, una falta del estado de derecho que ha permeado entre nuestra sociedad, corrompiendo policías, ministerios públicos, jueces y en general a muchos de los que ejercen las funciones más importantes del gobierno. El penalista Samuel González afirma que el trípode que sostiene a las organizaciones delictivas, además de la corrupción, es la violencia y la obstrucción de la justicia. Las organizaciones criminales recurren a la violencia para garantizar el control sobre sus miembros, competidores y mercados ilícitos, independientemente del producto que comercialicen; drogas, protección, tráfico de personas, sexo, diamantes, lavado de dinero, secuestro, etc. También atentan contra la efectividad del Estado, principalmente en procuración e impartición de justicia, corrompen jueces, fiscales y policías para obtener información previa de operativos, la judicialización defectuosa en casos concretos y la aplicación de criterios interpretativos que les favorecen indebidamente. De esta manera, los países que muestran mayor inconsistencia en los fallos judiciales, por ejemplo, observados en la tipificación de un delito, son los que sufren de mayores actividades delictivas o denegación de justicia a la víctima.
El crimen organizado opera al margen de la ley para encubrir sus actividades ilícitas, sus miembros recurren a la legalidad como un medio para asegurar su existencia; para ellos, es fundamental establecer vínculos de complicidad con representantes importantes y de todos los niveles del Estado mexicano. Esos vínculos son de tipo clientelar y están basados en la corrupción que proporciona ganancias privadas mediante el uso indebido del poder público y la ley. Así, se establecen relaciones de carácter personal en las que median favores que no suelen ser gratuitos.
La corrupción se compone de tres factores: la oportunidad, los beneficios y los riesgos. La concentración del poder operativo y de decisión, sin los equilibrios y controles necesarios, generan la oportunidad. El beneficio lo obtiene el corrupto por los ingresos ilegítimos que recibe. Y el riesgo se actualiza por la ilegalidad en el que tienen que operar y que implica un castigo. Las redes criminales se coluden con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los sistemas judicial y penitenciario buscando su protección. Son precisamente las autoridades gubernamentales corruptas las que protegen y fomentan las actividades del crimen organizado, instrumento que es más efectivo y está más presente cuanto más débil sea el estado de derecho en una sociedad habrá mayor impunidad.
Ante los escándalos de corrupción transnacional —México, Perú y Brasil— consideramos que resulta insuficiente tener tipificado tan solo la figura de cohecho internacional, hay que atender al marco jurídico integral que señala la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Los esfuerzos que esta realizando el nuevo gobierno para combatir a la corrupción, son loables, pero se requiere que además de las acciones que se están intentando, se combatan las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada, se inicie un programa de educación y civilidad basado en valores y principios, para la juventud y la sociedad en general, aprovechando el liderazgo del Presidente de la República y además, se empleen instrumentos y legislaciones modernas que permitan atacar el fondo del problema y repara a las victimas de este lacerante fenómeno.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014
