Como la gran mayoría de los mexicanos, con gran interés, seguimos las negociaciones que se llevaron a cabo entre el Canciller Marcelo Ebrard y el vicepresidente norteamericano Mike Pence que concluyeron con un acuerdo preliminar en materia de migración y seguridad, evitando así la imposición de aranceles a nuestras exportaciones, pero que nos comprometió en temas de seguridad, migración y derechos humanos. No resulta claro el alcance de los compromisos que adquirimos y, menos aún, los que corresponderían al gobierno estadounidense en materia de seguridad, en la justa aplicación del principio de reciprocidad entre naciones.
En la Declaración Conjunta México-Estados Unidos, no queda claro qué instrumento se suscribió, suponemos que se trata de un acuerdo interinstitucional, porque no requiere de la ratificación del Senado. Estos instrumentos involucran la participación directa de las dependencias de la administración pública responsables, de ahí la conformación del grupo de alto nivel anunciado por el Presidente de la República.
México ha mostrado y reconocido siempre la importancia de las relaciones bilaterales con nuestro vecino del norte, inclusive asumió en los últimos años batallas que correspondía a los dos países enfrentar y en donde México se ha llevado la peor parte. La lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas son parte de ellas, más de trecientos mil muertos así lo demuestran. No queremos que esto vuelva a suceder, que se aprovechen de la buena fe y del liderazgo mexicano en latinoamericano. El fenómeno migratorio no puede circunscribirse a un tema de flujo de migrantes y que la solución sea de carácter coercitivo y bélico, acompañado de chantajes económicos que agravarían más el problema.
La solución de la vía del tercer país seguro no es del todo aplicable, porque la migración del sur a Estados Unidos no responde a la razón de ser del asilado, sino principalmente el sueño americano.
La migración que afecta a México y a los Estados Unidos es diferente a la que se verifica en Europa y otras partes del mundo. El Derecho Internacional Humanitario ampara a las personas necesitadas de protección y refugio, por estar en riesgo o amenazada su vida, su integridad o su libertad. A diferencia de los países del norte de África o de Oriente Medio, la migración latinoamericana hacia América del Norte, no es porque se encuentre en peligro su vida o sean perseguidos políticos, las grandes caravanas migrantes solo buscan una vida mejor y si bien tienen derecho a ello, no es bajo la protección del derecho internacional humanitario; en la mayoría de los casos la solicitud de refugiado o de asilado político presentadas ante el gobierno Norteamericano, son solo una forma de buscar la residencia en aquel país.
Sería muy conveniente exigirles a los estadounidenses que realizaran una precalificación de las solicitudes, desechando de inmediato las que evidentemente no cumplan con los requisitos, notificando de ello a las autoridades mexicanas, a efecto de que puedan ser regresados a sus lugares de origen y solo se queden en México los que tengan posibilidades de recibir el asilo. Si no se establece un filtro adecuado, seguramente todos los migrantes usarán este recurso, porque así tendrán asegurado trabajo, y todo lo necesario para su subsistencia. Las leyes norteamericanas exigen más requisitos que las convenciones internacionales para otorgar el estatus de refugiado, por lo que es de suponer que la mayoría de las solicitudes serán rechazadas.
Muchos analistas y observadores se han opuesto a que se vincule el tema migratorio con el de seguridad, pero en realidad son los gobiernos norteamericanos los que siempre han tratado esos temas en forma conjunta, y ahora agregan la presión de temas económicos y comerciales. Nosotros pensamos que se deben de tratar temas de seguridad, pero exigiendo a los norteamericanos que cumplan con compromisos que han eludido por mucho tiempo como evitar el flujo de armas. No podemos cerrar los ojos al hecho de que el crimen organizado que azota nuestro país está vinculado al problema migratorio. Controlar y garantizar la seguridad de los migrantes y sus familias que se alojen en los sitios de refugio que se establezcan en el norte del país, será todo un tema, ya que no podemos garantizar la seguridad de los mexicanos, menos de migrantes que estarán contra su voluntad y que seguramente intentaran cruzar ilegalmente una vez que les sea negada la solicitud.
Consejero de la Judicatura Federal 2009-2014