En la actualidad existe un gran debate con relación a los niveles de violencia que se han mantenido, en ciertos rubros, y venido incrementando en otros, de manera paulatina. Sin embargo, la realidad es que muy poco se ha dicho sobre las verdaderas causas que han estado “calendando” ciertas regiones y plazas del país.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, es contundente al resaltar que existe la “necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda de drogas” y “ampliar la política de prevención y tratamiento”, así como dirigir más acciones a la población adulta joven.
De conformidad con sus resultados, la prevalencia de consumo en adultos se incrementó de 11.3% en 2011 a 15% en 2016, con un aumento significativo para los hombres de 18.5% a 22.8% y para las mujeres de 4.6% a 7.6%, mientras que para los jóvenes hubo un crecimiento de 2.9% a 6.2%, especialmente con la marihuana, la cual pasó de 2.4% a 5.3%.
No obstante, de todas las personas encuestadas, incluidos adultos y jóvenes, que presentaron una posible dependencia a las drogas en el último año, únicamente un 20.3% asistió a tratamiento, con 22% en hombres y 12.8 en mujeres, así como un inicio en el consumo de drogas de 17.8 años, con 17.7 en hombres y 18.2 en mujeres.
Esos hallazgos denotan no sólo un manifiesto fracaso de las políticas de salud publica para la prevención y rehabilitación de fármacodependientes, sino la ausencia de una estrategia integral para combatir al narcomenudeo, actividad que se ha convertido —al amparo del crimen organizado— en nuestro principal enemigo público.
Efectivamente, ese alarmante aumento en las adicciones se ha traducido, de forma correlativa, en el crecimiento del mercado de drogas ilícitas, así como en el incremento de las ganancias —y por lo tanto el poder— de la delincuencia organizada, quien es la que finalmente determina y controla su producción, distribución y venta.
Es la cruenta lucha entre los dealers, que pelean cotidianamente por el dominio de las plazas, lo que verdaderamente tiene sumido al país en el actual clima de violencia. Es decir, existe una relación directa entre los índices de violencia registrados, con las diversas actividades que desarrolla el crimen organizado, precisamente con motivo o con base en el narcomenudeo.
En realidad, el éxito contra el crimen organizado no solamente se debe medir por el número de aprensiones de los grandes capos o en el aseguramiento de importantes cargamentos de estupefacientes, sino también —y sobre todo— por el número de denunciados, procesados y sentenciados por narcomenudeo, problema éste que no ha sido afrontado ni atendido debidamente por varias entidades de la República.
Con esto no se busca criminalizar de ninguna forma al consumo de las drogas en sí mismo, que con motivo de su adicción tienen los fármacodependientes, los que deben ser incluidos en todo caso en políticas eficaces para su rehabilitación, así como para reconstituir el tejido social que forma parte de su entorno.
El actual endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Trump, el aumento en el control y vigilancia de las fronteras norteñas, así como la posible construcción del “muro fronterizo”, constituyen todos un fuerte incentivo para que los grupos delictivos busquen fortalecer el mercado de drogas ilícitas en México.
En este sentido, se estima que la violencia en determinadas regiones del país no se debe ni principal ni esencialmente a un supuesto fracaso de la reforma legal del sistema de justicia penal, que pasó del viejo modelo inquisitivo al moderno acusatorio, sino al inusitado aumento en la oferta de drogas del crimen organizado.
Lógicamente, para combatir ese “monstruo de mil cabezas” deben precisarse las competencias de los distintos niveles de gobierno, reorganizar al sistema nacional de seguridad, expedir la ley de seguridad interior que defina las seguridades nacional, interior y pública, y dotar de recursos humanos, técnicos y financieros de calidad a nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014
