La Segunda Enmienda del bill of rights o carta de derechos de la Constitución estadounidense garantiza el derecho del individuo en Estados Unidos para poseer y portar armas de fuego, de manera tal que esa nación es una de las que tiene las menores restricciones para su adquisición, uso y portación.
La Corte Suprema de Justicia ha establecido que si bien ese derecho lo tienen todas las personas dentro de su territorio, el mismo no es ilimitado, por lo que es perfectamente posible la regulación de su producción, comercialización y portación, incluyendo la compraventa al menudeo de armas de fuego y dispositivos similares.
Efectivamente, según ese alto tribunal, la “Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, incluso las que no existían en el tiempo en el que… fue ratificada”; por lo que la prerrogativa no se limita solamente a “armas útiles para hacer la guerra” y tanto el gobierno federal como los locales no pueden infringirla, en ningún caso.
Bajo los argumentos que originalmente el juez Blackstone había esgrimido dentro del common law, la enmienda ha contado con el apoyo histórico de conservadores y liberales, al tratarse de un derecho auxiliar para la legítima defensa, la resistencia a la opresión y la capacidad ciudadana para defender al país concertadamente.
De conformidad con esta idea, el ciudadano armado ejerce de mejor forma la legítima defensa al tiempo que evita la tiranía de la autoridad, además de que los ciudadanos, que son respetuosos de la ley, se arman y actúan de manera más rápida y mejor que la policía, de modo que esa libertad reduce la tasa de criminalidad.
Así, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ese país tiene el récord absoluto en propiedad de armas para uso civil, con 88 armas por cada 100 habitantes, con lo que posee la mitad de las armas a nivel global de tenencia ciudadana, si bien representa sólo 5% de la población mundial.
Desde 1994, a decir de The Guardian, la propiedad de armas para uso civil aumentó 71% en 2017, mientras que el número de armas creció un 38% en ese periodo, con un 32% de hombres que revelaron en 2015 que poseían al menos un arma, contra 12% de mujeres; mientras que sólo 3% de todos ellos poseen 50% de armas.
Pero hoy ese derecho rebasa fronteras inimaginables. Por ejemplo, por iniciativa del movimiento open carry, desde 2016 en Texas las armas pueden ser llevadas a la vista en una funda fijada el cinturón o al hombro, si bien en más de 40 de los 50 estados de Estados Unidos ya se autorizaba la portación ciudadana de armas.
A ello se suma el permiso de 44 estados para usar armas en institutos de educación superior, así como en colegios de primaria y secundaria, al menos en once. Así, en Texas entró en vigor, también en 2016, la ley para portar armas en universidades, estado que sufrió el primer tiroteo masivo de ese tipo en 1966, cuando Charles Whitman asesinó a 16 personas e hirió a 30, antes de ser abatido.
Paradójicamente, la idea central de la enmienda, consistente en que un mayor número de armas produce mayor seguridad colectiva, parece insostenible, debido a que ese país sufre un índice 11 veces mayor de ataques masivos por arma con relación a cualquier otro país desarrollado, con 30 mil crímenes anuales por arma.
Con 400 mil armas robadas, el FBI sostiene que 70% de los asesinatos cometidos son por arma de fuego, con récord de 73% en 2016, mientras que 100 mil personas sufren al menos un disparo; todo esto anualmente. Así, un estadounidense es 25 veces más proclive a morir por arma a diferencia de otro país.
Por esas razones, un reciente artículo de The New York Times tildó a la Segunda Enmienda como el cáncer de la Constitución y como el Segundo Pecado de los padres fundadores, luego de la esclavitud, apuntando que la interpretación evolutiva de ese precepto ha llevado a la posesión de armas letalmente desproporcionadas.
Si bien la propiedad de armas automáticas está prohibida en ese país, no lo está el uso de armas modificables (con bump fire stock), de forma que Stephen Paddock, el gunman de Las Vegas, pudo trocar sus 23 armas legales para disparar 90 rounds cada 10 segundos, con eficacia mortal a 400 metros de distancia.
Lamentablemente, ese nefasto precio de la libertad ha supuesto el incremento del tráfico ilegal de armamento hacia México, con una relación directa entre el levantamiento de la prohibición de armas de asalto en 2004 en Estados Unidos, y el incesante crecimiento de la violencia en nuestro país.
Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014